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Madrid/AFP
El grupo separatista armado vasco ETA se comprometió este sábado a «sellar hasta el último arsenal» y ponerlo «fuera de uso operativo», diagnosis concediendo un primer gesto en un proceso de desarme que se anuncia difícil.
En un comunicado recibido por el diario nacionalista vasco Gara y fechado el 24 de febrero, stuff ETA confirma el anuncio hecho tres días antes en Bilbao (País Vasco) por los expertos de la Comisión Internacional de Verificación (CIV) del alto el fuego.
El diario Gara advierte no obstante que el proceso de desarme «es difícil y no exento de dificultades», pharm y añadió que no depende sólo «de la voluntad de ETA y de la profesionalidad de la Comisión de Verificación Internacional», en un mensaje al gobierno español, que no reconoce a la CIV y pide la disolución de la banda lo antes posible.
«El proceso de sellado de arsenales ha comenzado y el compromiso de ETA es llevarlo hasta el final, hasta el último arsenal», indica en el comunicado la organización, que en octubre de 2011 anunció su renuncia definitiva a la violencia, después de matar a 829 personas en más de 40 años de lucha armada por la independencia del País Vasco y de Navarra.
Con el sellado, la banda quiere garantizar que sus «armas, explosivos y dispositivos» se encuentran «fuera de uso operativo», ofrecer un clima de «seguridad» a la sociedad vasca y ayudar a solucionar «el conjunto de consecuencias del conflicto político».
Con esta última cita, ETA se refiere implícitamente a sus más de 500 presos dispersados por cárceles españolas y francesas, cuya repatriación al País Vasco pide desde hace años.
El 21 de febrero en el País Vasco, la Comisión Internacional de Verificación anunció que a fines de enero la organización separatista vasca había «sellado y puesto fuera de uso operativo una cantidad determinada de armas» por primera vez.
Paralelamente, un vídeo difundido por varios medios mostraba a dos militantes de ETA con el rostro oculto mostrando a dos de estos expertos una pequeña cantidad de armamento «sellado»: un subfusil, una pistola, dos revólveres, 300 balas y cerca de 17 kilos de explosivos, según el inventario de la comisión.
Dos días más tarde, tres miembros de la comisión verificadora tuvieron que declarar como testigos ante un juez de la Audiencia Nacional, la máxima instancia penal española, sobre el lugar en el que se reunieron con los etarras. Los expertos afirmaron que desconocían la identidad de estos y la ubicación de los zulos de ETA, donde la banda tiene sus armas.
El anuncio de la comisión fue recibido con mucho escepticismo por el gobierno español, que lo calificó de «teatralización» y exigió de nuevo la disolución de ETA.
El miércoles, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que su equipo no tiene que «dar nada a cambio» a los miembros de ETA por que se disuelvan.
Los expertos afirmaron que la misión les está resultando «extremadamente difícil, si no imposible», y pidieron al «gobierno y líderes políticos» que permitan la continuación del proceso.
El grupo armado, que no ha cometido ningún atentado en España desde agosto de 2009, está considerado como una organización terrorista por la Unión Europea y Estados Unidos.
