Yanuario Gómez
@DiarioCoLatino
Representantes de asociaciones de veteranos de guerra denunciaron falta de pago de tres meses de pensiones y otros beneficios por parte del Gobierno central, lo cual les provoca problemas en su economía familiar.
Los veteranos, además, expusieron que el Ejecutivo incumple la medida aprobada por la Asamblea Legislativa de transferir presupuesto e inmuebles dedicados al pago de prestaciones sociales al instituto encargado de administrarlos.
“Desconocemos, hasta el momento, lo que se está haciendo en materia de transferencias del Ministerio de Gobernación hacia el instituto que va a ser la nueva entidad encargada de administrar los beneficios hacia los veteranos”, dijo José Melara, directivo del Instituto Administrador de Beneficios.
Melara sostuvo que el Ministerio de Gobernación les dijo que no se les canceló la pensión correspondiente a mayo, junio y julio por el impacto de la pandemia de COVID-19 en el país, además de que el “impuesto de guerra” fue cancelado.
Para los veteranos estas explicaciones no tienen validez y consideran que el incumplimiento en el pago de las prestaciones sociales al sector responde a una maniobra política del Gobierno para destruir al instituto.
El directivo señaló que a los veteranos de guerra se les negaron los 300 dólares del bono alimenticio entregado por el Gobierno, además de las canastas básicas y en la actualidad su pensión por tres meses.
“Esto genera descontento, hay movilizaciones en varios sectores del país, esto puede crecer y propiciar un momento crítico en una etapa en que los contagios se multiplican, tenemos el temor que de esta manera quieran destruir al instituto”, afirmó Melara.
Las asociaciones de veteranos advirtieron al presidente de la República no jugar con los veteranos de guerra incumpliendo la ley que les obliga a transferir presupuesto e inmuebles al Instituto Administrador de Beneficios.
Los representantes de asociaciones de veteranos de guerra denunciaron que, a la fecha, son más de 77 a quienes el Gobierno adeuda tres meses de pensión; es decir, $25 millones y amenazaron con denunciar al Ejecutivo ante la Fiscalía General de la República y la Corte Suprema de Justicia por el incumplimiento de ley, al no traspasar los recursos económicos e inmuebles al instituto.
Los veteranos de guerra señalaron que la pensión y demás prestaciones sociales hacia el sector no responden a un regalo del Gobierno, sino a una deuda pendiente de los Acuerdos de Paz.