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José M. Tojeira
Ha salido recientemente el informe 2024 evaluando a nivel mundial la calidad del estado de derecho en 142 países. La fundación que lo presenta se llama Proyecto de Justicia Mundial y viene evaluando el estado de derechos desde 2015. El Salvador aparece en este ranking en la pobre y deficiente posición 111 de 142 países evaluados. Revisando los aspectos que se revisan para evaluar la situación en cada país se puede advertir que El Salvador aparece en la posición 78 cuando se evalúa el orden y la seguridad en el país.
Pero ocupa la posición 140, es decir, la antepenúltima cuando se evalúa la justicia penal. Y en contraste también, en lo que respecta a la justicia civil, aparece en posición 85, por encima incluso de países como Panamá, México o Colombia, y 50 puestos arriba de Guatemala. Si acudimos a otros elementos de la evaluación se advierte de nuevo la irregularidad en las posiciones.
En lo referido a los derechos fundamentales aparecemos en posición de nuevo triste, 117, mientras que en el cumplimiento normativo estamos en posición 80. En el análisis en cambio de los controles del poder ejecutivo retrocedemos hacia los últimos puestos quedando en la posición 120.
Lo interesante de estos números es que nos demuestran algo lamentable, pero que si hubiera voluntad política se podría corregir. En efecto, que si de parte del poder ejecutivo hubiera mejores políticas en la justicia penal, en la división e independencia de poderes y en el respeto a los derechos básicos, estaríamos claramente en una posición mucho mejor.
El Salvador tiene la capacidad y los medios suficientes para estar en una posición más decente. Pero el poder ejecutivo ha implementado e impuesto una serie de políticas autoritarias que nos hacen quedar en los ranking internacionales en posiciones cada vez más degradadas.
La propaganda en las redes y los relatos, junto con algunos logros gubernamentales, pueden conseguir el apoyo popular. Pero el hecho de que los logros se encuentren manchados y oscurecidos por la debilidad de las instituciones y por la fragilidad de nuestro estado de derecho, nos mantendrá inevitablemente en una situación de deterioro progresivo. Solamente se podrán recuperar posiciones de respeto internacional en los ranking si el poder ejecutivo cambia sus políticas y se abre a la transparencia, al respeto a las leyes y al diálogo con la sociedad civil.
Y en esto de los ranking no sirve echar las culpas a otros. Ni tampoco decir que no importa lo que piensen alguna fundaciones. La inversión extrajera que tanto se desea no acude a donde las instituciones tienen problemas graves. Y los ranking ponen de manifiesto situaciones que la propaganda no puede disimular.
El hecho de que Honduras y Nicaragua estén por debajo de nosotros no puede servir de consuelo. Como tampoco vale pensar que la popularidad es eterna. El Salvador puede terminar cayendo en una grave crisis si se debilitan aspectos fundamentales, como lo son la vocación democrática, el respeto a las leyes y a los derechos de las personas, la transparencia y el acceso a la información pública o incluso la justicia y los mecanismo institucionales de control del poder.
La crítica externa no es fruto de la enemistad con un gobierno determinado, sino advertencia de que el rumbo que se sigue no es el adecuado para crecer como país. Escuchar la crítica interna es la mejor manera de buscar caminos que realmente nos conduzcan a superar nuestras debilidades y hacia un desarrollo realmente humano.
