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Joaquín Salazar
@JoakinSalazar
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció, a través de un comunicado, que ha “designado a 13 personas», por tener información creíble de su participación en graves violaciones a los derechos humanos, por el asesinato de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradoras, perpetrado el 16 de noviembre de 1989.
Los militares involucrados son: Juan Rafael Bustillo, Juan Orlando Zepeda, Inocente Orlando Montano Morales, Francisco Elena Fuentes, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Yusshy René Mendoza Vallecillos, José Ricardo Espinoza Guerra , Gonzalo Guevara Cerritos, Carlos Camilo Hernández Barahona, Oscar Mariano Amaya Grimaldi, Antonio Ramiro Avalos Vargas, Ángel Pérez Vásquez y José Alberto Sierra Ascencio.
De acuerdo al comunicado la Ley estadounidense “establece que, en los casos en que el Secretario de Estado tenga información creíble de que funcionarios actuales o anteriores de gobiernos extranjeros han estado involucrados, directa o indirectamente, en una violación grave de los derechos humanos o corrupción significativa, esas personas y sus inmediatos los miembros de la familia no son elegibles para ingresar a los Estados Unidos».
Ante esto, el Padre José María Tojeira, director del IDHUCA lamentó que el gobierno de Estados Unidos no incluya a los autores intelectuales y encubridores por el caso de la masacre de jesuitas y dos colaboradoras. En cuanto al proceso judicial, el sistema aún mantiene congelado el proceso penal contra autores intelectuales a la espera de una Ley de Reconciliación, que podría favorecer a los implicados.
