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Redacción Nacionales
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El Departamento de Estado de los Estados Unidos dio a conocer su informe sobre los Derechos Humanos en El Salvador, en él señala las violaciones a derechos humanos que se han cometido durante la implementación del régimen de excepción. Medida estatal sin fecha de caducidad por el momento.
Estados Unidos señala que “las cuestiones importantes de derechos humanos incluyeron informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios, desapariciones forzadas; tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de las fuerzas de seguridad; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto y detención arbitrarios; serios problemas con la independencia del poder judicial; injerencia arbitraria o ilegal en la privacidad; serias restricciones a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, incluida la censura y las amenazas de hacer cumplir las leyes penales para limitar la expresión; corrupción gubernamental grave…”, entre otros.
En la sección 1 sobre el respeto a la integridad de la persona, Estados Unidos señaló que hubo informes de que el gobierno salvadoreño o sus agentes “cometieron homicidios arbitrarios o ilegales, en gran parte derivados de la muerte de detenidos mientras estaban en prisión durante el estado de excepción”. Hasta la fecha y según organizaciones de DDHH oscilan por las noventa.
Sobre las desapariciones en el país, Estados Unidos señaló que, bajo el estado de excepción, hubo informes periódicos de que agentes de seguridad y encargados de hacer cumplir la ley arrestaron a personas y no informaron a sus familias sobre su paradero. Justamente, el 31 de mayo, Fundación Cristosal informó que de las 808 denuncias que documentó durante los dos primeros meses del estado de excepción, el 65% se referían a casos en los que se desconocía el paradero de los detenidos.
En cuanto a la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y otros abusos relacionados, el informe del Departamento de Estado planteó que, aunque existe leyes que prohíben tales prácticas, hubo informes creíbles de que los funcionarios del gobierno las emplearon en ocasiones. “Las denuncias de abuso y maltrato por parte de los medios y la sociedad civil por parte de la policía y los guardias penitenciarios aumentaron significativamente después de la introducción del estado de excepción en marzo”.
El 22 de agosto, la PDDH informó haber recibido más de 400 denuncias de posibles abusos durante el estado de excepción. Tobar entregó resultados de las investigaciones a las denuncias recibidas en el primer mes del estado de excepción en San Salvador y Cuscatlán. Se concluyó que no encontró abusos a DDHH en el 95% de las 173 denuncias de San Salvador y no encontró culpabilidad de los funcionarios en ninguno de los 73 casos en Cuscatlán.
También, el número de reclusos se duplicó a los pocos meses del inicio del estado de excepción, lo que generó denuncias de hacinamiento grave, condiciones sanitarias inadecuadas, escasez de alimentos, falta de servicios médicos en las instalaciones penitenciarias y agresiones físicas.
La constitución prohíbe los arrestos arbitrarios y la ley establece el derecho de una persona a impugnar la legalidad de su arresto o detención ante un tribunal. Con la introducción del estado de excepción en marzo, el gobierno no siempre respetó estos requisitos, puntualizó el informe estatal.
