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Mirna Jiménez
@DiarioCoLatino
El secretario de Comunicaciones del Gobierno, Eugenio Chicas Martínez, se mostró satisfecho de que el director de Centros Penales Rodil Hernández recobrara ayer su libertad y calificó su captura el pasado miércoles como una “acción política” del fiscal general de la República, Douglas Meléndez, encaminada a “golpear el tercer año de Gobierno”, del presidente Salvador Sánchez Cerén.
“Este hecho pone de manifiesto, como lo habíamos previsto y lo dijimos públicamente, que nos parecía que estábamos ante una acción política del fiscal general de la República, que tenía por señal, afectar el arribo al tercer año de Gobierno del presidente Sánchez Cerén, golpeando a un importante funcionario de nuestro Gobierno”, señaló ayer en entrevista con canal 29 Genteve.
Chicas Martínez manifestó que con la acción llevada a cabo por la fiscalía contra el funcionario de Gobierno, se podría estar ante una manipulación política de esa institución. “Nos preocupa este hecho porque podríamos estar asistiendo al uso político de una institución de rango constitucional como es la Fiscalía General de la República, con el propósito de afectar la gestión gubernamental; ese tema nos preocupa, vamos a seguir observando las actuaciones del fiscal y vamos a reservarnos el derecho de seguir denunciando aquellos casos donde observemos que el fiscal se extralimita”, manifestó.
Hernández es uno de los funcionarios claves en la ejecución del plan El Salvador Seguro en el componente relativo al sistema penitenciario, donde el Gobierno ha implementado una serie de acciones encaminadas a incrementar los controles de seguridad dentro de los penales y los programas de inserción social de los reclusos.
Según Chicas, la captura del director de Centros Penales “nunca fue necesaria” porque si existiera una acción indebida de parte del funcionario, se trataría de un hecho administrativo. “Además es un hecho alevoso el que la audiencia se coloca precisamente el día que el presidente va dar el informe a la nación y a la misma hora, eso nos pareció de mal gusto”, señaló.
“Nos preocupa la actuación del Fiscal General de la República para argumentar la detención de Rodil Hernández al presentar como pruebas los documentos que él mismo le había entregado a la Fiscalía”, añadió el secretario de comunicaciones.
Chicas afirmó, además, que en el requerimiento presentado por la FGR ante el tribunal, en contra de Hernández, no se añadió ninguna evidencia de la presunta malversación de dinero proveniente de las tiendas que funcionan en los penales, a pesar de que así lo había divulgado en conferencia ante los medios de comunicación.
“Como la jueza lo detalló, no amerita estar detenido. Esto es muy importante y nos ha llamado poderosamente la atención porque es lo que ya sabíamos: Estamos ante un hecho meramente administrativo en el que ha quedado demostrado en la primera audiencia, que el señor Rodil Hernández no cometió ningún delito, no se embolsó ningún dinero y … en el proceso se demostrará si él se extralimitó o no en sus funciones, pero ese proceso tal como lo ordenó la jueza, no ameritaba que esté encarcelado ni que se le hubiera detenido”, señaló.
La Fiscalía también giró orden de captura por presunta malversación de $125,000 contra el expresidente del Instituto Nacional de los Deportes (INDES), Jaime Rodríguez, un día antes de que el presidente Sánchez Cerén cumpliera tres años de Gobierno. Este hecho también ha sido considerado por dirigentes de izquierda como una acción más del fiscal general para empañar el tercer año de Gobierno.
Por otro lado, el secretario de comunicaciones del Gobierno se mostró satisfecho ante el anuncio del fiscal Meléndez de que abrirá expediente para investigar los casos de sobresueldos pagados a exfuncionarios de otros gobierno tanto de ARENA como del FMLN, pero manifestó que la investigación sobre uso irregular de fondos públicos no debe limitarse al Ejecutivo sino que tendría que ampliarse a los otros órganos de Estado como la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Cuentas, entre otros.
Aseguró que el fiscal Meléndez “todavía no se ha referido” al uso irregular de más de 322 millones de dólares en el manejo de la partida secreta durante los gobiernos areneros de Armando Calderón Sol, Francisco Flores y Antonio Saca.
“Los diversos sectores debemos exigir no solo una institución transparente sino también diligente”, sostuvo Chicas, en referencia a que la Fiscalía general actúe pronto en esta denuncia cuyos casos se remontan a períodos de gobiernos de derecha entre 1994 y 2009.
Luego de la salida de los Gobierno areneros, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia decretó inconstitucional la denominada partida secreta o partida de gastos reservados y ahora es obligatorio que cada reubicación de fondos presupuestarios que necesite el Ejecutivo, deben ser autorizados primero por la Asamblea Legislativa.
