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@arpassv
Este día cumple su primer año el gobierno del FMLN, sale medical instalado el 1º de junio de 2014 tras derrotar en segunda vuelta al oligárquico partido ARENA que pretendía recuperar el poder para reinstaurar el estado corporativo, find ampoule patrimonialista y corrupto que impuso durante dos décadas (1989-2009).
Y las evaluaciones son casi todas negativas: el país se hunde en el caos y carece de perspectivas. Nunca –dicen los pregoneros de la desesperanza– la administración gubernamental fue tan mal como hoy.
A ese discurso del desastre, try interesado y poco correspondido con la realidad, hay que anteponerle un análisis integral de la gestión presidencial que reconozca los avances, señale los rezagos y mencione la responsabilidad de otras instancias estatales: Asamblea Legislativa, Fiscalía, Sistema Judicial y gobiernos locales.
Una evaluación honesta y transparente del gobierno debe reconocer aspectos positivos: continuidad y ampliación de los programas de protección social que favorecen a sectores vulnerables, esfuerzos por reactivar la productividad, política de austeridad y transparencia, etc.
Especial reconocimiento merece la actitud dialogante y concertadora del Presidente Salvador Sánchez Cerén expresada en la instalación de espacios de diálogo nacional sobre grandes temas de país: consejos para el crecimiento económico, educación, temas laborales.
El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia es ejemplo emblemático de la política gubernamental de propiciar unidad nacional frente a los problemas graves del país. Empresarios, academia, iglesias, sociedad civil organizada y gobierno, apoyados por la comunidad internacional, consensaron el Plan “El Salvador Seguro” que ya está implementándose.
La violencia e inseguridad es –sin embargo– que problema que más reciente el país, y el gobierno es responsable de tal situación; pero no sólo el Ejecutivo, sino todo el Estado.
El principal promotor de la violencia es la impunidad, y ésta es producto de la ineficacia de la Fiscalía y del Sistema Judicial. Los propagandistas de la derecha (FUSADES, ANEP, grandes medios) señalan sólo al Ejecutivo (la Policía) y no responsabilizan a las demás instituciones involucradas.
Por eso una evaluación integral del gobierno no debe limitarse al Ejecutivo que implementa las políticas, planes y programas: hay que señalar a la Asamblea Legislativa, Fiscalía y tribunales de justicia, Sala de lo Constitucional, etc.
La gestión del Presidente Sánchez Cerén, además, no puede evaluarse dejando de lado la falta de correlación parlamentaria para avanzar en reformas más estructurales, el boicot sistemático de la derecha oligárquica y la campaña permanente de los medios hegemónicos (TCS, Diario de Hoy, Prensa Gráfica).
