Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
@arpassv
Hay una costumbre de evaluar cada año de gestión del Ejecutivo. Universidades que hacen encuestas de opinión pública, la oposición con sus balances críticos y un séquito de periodistas, sesudos analistas y diversos actores políticos haciendo balances que destacan aspectos positivos o negativos, a partir de sus intereses particulares y su perspectiva ideológica.
Cuando se instala un nuevo gobierno, algunos ni siquiera esperan que cumpla el primer año y evalúan los primeros 100 días de gestión. Pero muy pocos o ninguno evalúa los años de gestión de otras instituciones públicas como la Asamblea Legislativa, Corte Suprema de Justicia y Fiscalía, cuyo desempeño incide y a veces hasta determina la labor del Ejecutivo.
En tal sentido, y rompiendo con esa práctica reduccionista de evaluar únicamente al Ejecutivo aisladamente del resto de la institucionalidad estatal, se debería evaluar el primer año de gestión del Fiscal General, Douglas Meléndez, funcionario que tomó posesión de su cargo en enero de 2016 y que ha generado mucha polémica con algunas actuaciones.
Algo bueno del Fiscal Meléndez es el acompañamiento a las medidas de seguridad impulsadas por el Ejecutivo, más allá de las características o calidad de ese acompañamiento. También el hecho de que la Fiscalía es hoy una instancia más activa y protagónica, cosa que la gente valora positivamente en las encuestas, sobre todo las acciones contra la corrupción.
Sin embargo, hay fuertes sospechas de que el actual Fiscal General repite algunos modos operandi de su antecesor Luis Martínez, ahora enjuiciado por inventar y manipular casos. Y en los casos de corrupción, pueden señalarse sesgos y omisiones, que menoscaban la imparcialidad y transparencia que debe caracterizar el trabajo del ente perseguidor de los delitos.
Estos señalamientos se basan -por ejemplo- en la negativa de investigar a la veintena de “destinatarios” de los fondos donados por Taiwán, a la ex vicepresidenta y actual diputada arenera Ana Vilma de Escobar por el caso FECEPE, la supuesta evasión tributaria del magistrado de la Sala Constitucional Belarmino Jaime o las empresas salvadoreñas con firmas “offshore” en Panamá.
En el caso de trata y delitos sexuales contra menores, el Fiscal no amplía la investigación hacia otros prominentes empresarios, políticos y personeros mediáticos que estarían involucrados; y en el caso del ex presidente Antonio Saca, no incluye a reconocidos miembros de la derecha empresarial, partidaria, mediática y oenegera que estarían también implicados.
Lo anterior plantea la necesidad urgente de que todos los sectores progresistas, democráticos y decentes del país evalúen el primer año de gestión del Fiscal General, Douglas Meléndez, y que lo presionen para que corrija las ineficiencias, ineficacias y sesgos políticos de su gestión.
Que así sea.
