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@arpassv
Las denuncias sobre discriminación política en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), shop planteadas por el abogado Jaime Martínez Ventura, deberían provocar una profunda evaluación de dicho proceso.
Martínez Ventura, actual director de la Academia Nacional de Seguridad Pública (ANSP), fue vetado por los diputados de ARENA. El partido oligárquico le negó el derecho de acceder a una magistratura de la CSJ, acusándolo de pertenecer al izquierdista FMLN.
Este argumento –sin embargo- no se utilizó contra otros magistrados electos vinculados a ARENA, PDC y otros partidos políticos. Por tanto, habría que evaluar la equidad en la aplicación de los criterios.
Aspecto también necesario de revisar es la existencia de otros vínculos que debieron impedir el nombramiento de algunos magistrados. Esto es importante porque quienes pregonan el anti-partidismo pasan por alto otras relaciones de pertenencia de los candidatos mucho más peligrosas.
Por ejemplo: nadie reparó que algunos magistrados electos tienen vínculos con el actual Fiscal General y que actuaron como defensores de asesinos, violadores, criminales de guerra y delincuentes de lesa humanidad.
Así fue nombrado magistrado un abogado que defendió a los militares involucrados en la masacre de los jesuitas de la UCA y otro que defendió a los señalados de violar, torturar y asesinar a la niña Katia Miranda.
Esos nombramientos deberían ser revertidos por la Sala Constitucional. La Sala –celosa del vínculo partidario de los candidatos- debería también prohibir la relación con grupos empresariales, “tanques de pensamiento” y participación en la defensa de criminales.
Por tanto, es conveniente evaluar seriamente el reciente proceso de elección de magistrados de la CSJ y tomar las acciones legales correspondientes. Sobre todo ahora que se viene el nombramiento del nuevo Fiscal General. La Asamblea Legislativa debería sentar un precedente en esta elección: hacer un proceso abierto, público y transparente de evaluación de candidatos. Incluso, podría abrir un espacio de participación y consulta ciudadana para que el país se asegure el nombramiento del más idóneo.
Las organizaciones que promueven transparencia, anticorrupción y fortalecimiento de la institucionalidad deben exigirlo. La elección de funcionarios amañada y de espaldas al pueblo debería ser sólo cosa del pasado.
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