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@arpassv
Esta semana el magistrado de la Sala Constitucional, Belarmino Jaime, llamó “lengua larga” a la presidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña. El preponte magistrado perdió la compostura, “sacó la caja de lustre” y arremetió contra la diputada que lo exhortó a rendir cuentas por el posible delito de evasión tributaria.
La expresión de Jaime puede -como advierten organizaciones feministas- tipicar como un “acto de violencia verbal contra la mujer”, ilícito penal contemplado en la Ley Especial para una Vida Libre de Violencia hacia las Mujeres, por el cual podría ser procesado.
Además de agredir verbalmente a la presidenta legislativa, el magistrado Jaime miente descaradamente porque la acusación de posible evasión tributaria en su contra no es ningún invento de Lorena Peña: existe una auditoría del Ministerio de Hacienda y una denuncia formal en la Fiscalía, según confirmó esta misma semana el propio Fiscal General.
El Fiscal Douglas Meléndez informó que lleva dos investigaciones por presunta evasión de impuestos que involucran al magistrado Jaime y a su hijo. Una es contra el Grupo Centroamericano de Telecomunicaciones por posible evasión de 2.7 millones de dólares y la otra contra IP Holdings por 3.1 millones.
El Fiscal señaló que es en el primer caso donde aparece mencinado el magistrado, pero indicó que ambos están relacionados. Sumados, los dos casos rondan los 6 millones de dólares que Jaime y compañía no habrían pagado al fisco.
Recientemente las organizaciones de la Aliaza Social por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) exigieron al Fiscal que investigue a los evasores de impuestos, entre éstos Belarmino Jaime, que evaden unos 1,500 millones de dólares cada año, según un estudio reciente de la UCA.
La ASGOJU también exige que la Fiscalía retome la investigación de los “destinatarios” de las millonarias donaciones de Taiwán, el “Caso FECEPE” que involucra a la ex vicepresidenta Ana Vilma de Escobar y los 150 casos documentados por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.
Las organizaciones sociales critican al Fiscal Meléndez por investigar sólo algunos casos de corrupción y no abordar otros que son mucho más graves, están más documentados y cuya eventual prescripción amenaza con dejarlos impunes. Por tanto, le exigen imparcialidad y que aplique la ley a quien sea, tal como se comprometió cuando asumió su cargo.
La confirmación de las investigaciones contra el magistrado Jaime, es esperanzadora. Las organizaciones progresistas, sectores democráticos y población honrada, deben presionar más para que el Fiscal General le entre con decisión y firmeza a los demás casos mencionados.
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