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@arpassv
A pesar de los esfuerzos gubernamentales por reducir los niveles de evasión y elusión tributaria, doctor el fisco deja de recibir más de 1,500 millones de dólares anuales por el no pago del impuesto sobre la renta y la apropiación indebida del IVA. Así lo revela una investigación reciente de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA).
El estudio de la UCA, citado por el periódico digital Transparencia Activa, señala que la empresa privada evade el 50% del impuesto sobre la renta equivalente a 800 millones de dólares. A esto se suman 713 millones de apropiación del IVA, alcanzando un monto de 1,513 millones de dólares.
Esta cantidad -según la UCA- representa 2.4 veces el incremento del Producto Interno Bruto del país en 2015, esto significa que si ese dinero hubiera sido pagado la economía salvadoreña habría crecido más de 2.5%.
En relación a la elusión, el estudio indica que ésta se realiza a través de perniciosos incentivos fiscales como la exoneración de aranceles a las exportaciones. El no pago de estos aranceles evitó que el Ministerio de Hacienda ingresara 400 millones de dólares el año pasado.
La elusión también se da por beneficios tributarios que algunas leyes otorgan a las grandes empresas, por eso se le llama “evasión legal”. Según el economista César Villalona, durante los gobiernos de ARENA se aprobaron 23 leyes que permiten la elusión.
Una de éstas es la Ley de Turismo, promovida por el Grupo Poma, que exonera de todos los impuestos a las inversiones de turísticas de 50 mil dólares hacia arriba. Otras leyes que permiten la elusión son la de Zona Francas, Servicios Internacionales y otras normativas aprobadas en el marco de la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.
Tal situación plantea la necesidad de acciones más contundentes de las fuerzas progresistas contra la evasión y elusión tributaria. Es cuestión de legalidad, justicia distributiva y transparencia en el sector privado.
Sobre esto último ha llamado la atención el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). Según esta instancia, la transparencia no debe ser sólo en el sector público, sino también en las empresas privada, y esto tiene que ver fundamentalmente con el pago correcto de los impuestos.
El ICEFI sostiene que -para mejorar el sistema tributario, tener legitimidad ante la ciudadanía y aportar a los derechos de la población- las empresas privadas deben transparentarse. Ahí está el desafío.
