Alberto Romero de Urbiztondo
@aromero0568
Hoy 15 de julio Evelyn una joven rural de 21 años enfrentará un juicio, que la puede condenar a treinta años de cárcel.
Cuando acababa de cumplir 18 años tuvo un parto precipitado en su casa, al verla desangrarse su madre la llevo al hospital y allí la acusaron de haber abortado, fue detenida en la propia cama del hospital y le iniciaron un proceso penal acusándola de homicidio agravado, por la muerte fortuita de la criatura que estaba gestando.
En 2017 fue juzgada y condenada a treinta años de prisión, sus abogados recurrieron la sentencia ésta fue anulada por los graves errores y no existir ninguna prueba de que ella hubiera realizado ningún acto intencional, que causara la muerte de la criatura. Es decir, no existía delito sino un accidente obstétrico. Sin embargo, el día de hoy nuevamente enfrentara un juicio y la demanda de la Fiscalía de una condena de treinta años de prisión.
La actuación de la Fiscalía en base a una interpretación de los hechos que desconoce la evidencia científica sobre el alto riesgo de partos precipitados extrahospitalarios, unida a concepciones penalizadoras de las mujeres basadas en prejuicios y concepciones morales de origen religioso, puede terminar con el proyecto de vida de esta joven, que saldría de prisión a los 51 años de edad.
Nuestro país necesita un sistema judicial que actúe basado en evidencia científica, en pruebas claras que determine si existió intencionalidad en la actuación de la persona juzgada y en el reconocimiento de la presunción de inocencia. Con operadores de justicia que no actúen en base a sus concepciones y códigos morales religiosos, válidos para su vida personal pero no para la administración de justicia. La jurisprudencia es clara, tal como dice la Sala de lo Constitucional en su Resolución 22-2011: “el Estado —y el Derecho como su instrumento de coordinación social— no pueden imponer ninguna visión particular del bien, de la espiritualidad o de la moral religiosa, cuya influencia depende solo de la persuasión”.
Evelyn tiene derecho a ser declarada inocente, garantizada su libertad y reconstruir su vida.
Para condenarla
El tiempo se nos agota para salvar a Evelyn de una condena injusta. Tu apoyo hace la diferencia. Este lunes 15 de julio, un juez decidirá si esta joven de 21 años debe ir a la cárcel a causa de una emergencia obstétrica. Si no actuamos Evelyn será condenada nuevamente por un delito que no cometió.
Evelyn Hernández está siendo juzgada por segunda vez, por sufrir un parto extrahospitalario que no produjo vida. Al desangrarse su madre la llevó de urgencia al hospital, donde en lugar de recibir las atenciones médicas y el acompañamiento necesario, fue acusada de homicidio.
A pesar de su inocencia, la jueza Nury Velásquez del Tribunal de Sentencia de Cojutepeque la condenó a treinta años de cárcel por homicidio agravado. ¡Sin embargo, todavía podemos ayudarla! Su equipo de defensores presentó un recurso para revertir esta decisión y la nueva audiencia de sentencia tendrá lugar el próximo 15 de julio.