Alessia Genoves
Colaboradora
César Humberto García Aguilera, ex-diputado del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), ha sido acusado del delito de enriquecimiento ilícito por un monto de $1 millón 197 mil 738.04 durante su periodo como legislador.
La acusación fue promovida por la Fiscalía General de la República (FGR), que también involucra a su esposa y sus tres hijas.
La acusación se basa en 28 irregularidades detectadas en sus declaraciones patrimoniales entre el 1 de mayo de 2012 y el 30 de abril de 2015, cuando García Aguilera se desempeñó como diputado propietario por el departamento de Sonsonate.
El monto cuestionado es diferente con los ingresos legales que García Aguilera habría percibido durante su gestión como diputado. Según la Ley del Presupuesto General de la Nación, en el apartado del Órgano Legislativo, un diputado percibía un sueldo mensual de $2 mil 311.43, más gastos de representación por $800.00 y gastos de transporte y comunicación por $914.29, totalizando $4,025.72 mensuales. Esto significa que durante los tres años de su mandato, García Aguilera habría recibido legalmente alrededor de $145 mil en salarios y compensaciones, una cifra menor a los $1.1 millones que la FGR alega que no puede justificar.
La FGR también ha pedido que se inhabilite a García Aguilera para ejercer cualquier cargo público por un período de 10 años. Esta petición se fundamenta en el artículo 240 de la Constitución de El Salvador y en la Ley Especial sobre Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.
Acusaciones
La FGR ha presentado una demanda detallada ante la Cámara de la Segunda Sección de Occidente, con sede en Sonsonate, desglosando las acusaciones contra García Aguilera y su familia. Al ex-diputado se le señalan 18 irregularidades que suman un monto de $1 millón 48 mil 625.01, la mayor parte del total cuestionado.
Su esposa, Consuelo Miroslava Méndez de García, enfrenta tres inconsistencias por un monto de $132 mil 30.89. Las hijas del ex-funcionario también están implicadas: Victoria Marlene García de Juárez con una irregularidad por $1 mil 566.06, Teresa Beatriz García de Torres con dos inconsistencias por $6 mil 248.35, y Mónica García con cuatro irregularidades que suman $9 mil 267.67.
Estas irregularidades incluyen depósitos bancarios, transferencias realizadas, adquisición de vehículos y pagos de tarjetas de crédito en efectivo cuyo origen se desconoce. La FGR argumenta que los movimientos financieros no pudieron ser justificados por los acusados, con los ingresos legales del ex-diputado y su familia durante el período en cuestión.
¿Qué dijo Corte Plena?
El caso de García Aguilera quedó plasmado en el Acta No. 29 de Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), del 9 de mayo de 2024. Los magistrados observaron una ligera discrepancia en las cifras manejadas por la CSJ y las presentadas por la FGR.
Mientras que la FGR señala un monto total de $1 millón 197 mil 738.04, la CSJ menciona una cifra de $1 millón 209 mil 278.87, de la cual se justificaron $11,540.83, dejando un monto final observado de $1 millón 197 mil 738.04.
La diferencia entre el Acta de Corte Plena y entre la acusación fiscal podría deberse a ajustes realizados durante la investigación o a la inclusión de ciertos gastos que posteriormente fueron justificados.
Los magistrados de la CSJ votaron unánimemente (con 15 votos a favor) para declarar que existen indicios de enriquecimiento ilícito por parte de García Aguilera. Esta decisión respalda la acción de la FGR y proporciona para la demanda civil en la Cámara de la Segunda Sección de Occidente.
¿Cuáles eran sus ingresos?
Las remuneraciones de García Aguilera como diputado eran de $4 mil 25.72 mensuales, incluyendo sueldo base, gastos de representación y gastos de transporte y comunicación. Calculando este monto para el período de tres años que duró su mandato, desde mayo de 2012 hasta abril de 2015, el total de ingresos legales ascendería a aproximadamente $145 mil.
La discrepancia entre este monto y los $1 millón 197 mil 738.04 que la FGR alega como injustificados es significativa. Esta diferencia de más de un millón de dólares es lo que ha llevado a las autoridades a sospechar de enriquecimiento ilícito.
La magnitud de esta discrepancia sugiere que, de ser ciertos los alegatos, García Aguilera habría aumentado su patrimonio en más de 8 veces lo que legalmente habría ganado durante su período como diputado.