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Redacción Nacionales
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La Cámara Segunda de lo Penal de la Primera Sección del Centro de San Salvador condenó al exdiputado por Nuevas Ideas, Erick Alfredo García Salguero, por el delito de falsedad ideológica en perjuicio de la fe pública.
Se demostró que, Erick García brindó información falsa a un notario para que elaborara un “contrato de mutuo”, en ese documento hacía constar que el imputado otorgó 90 mil dólares a Luis Portillo, quien lo recibió a su entera satisfacción. Pero, en la fecha que se elaboró ese contrato (en el año 2020), el imputado no tenía fondos en el sistema financiero ni tenía una petición de crédito por dicha cantidad.
Luego, el imputado proporcionó información para que otro notario elaborara un “contrato de resciliación”, en dicho documento García Salguero expresa que deja sin efecto el primer contrato, es decir el “mutuo”, porque no había podido obtener un préstamo por los 90 mil dólares.
Para la Cámara, esta acción que realizó el imputado fue por miedo a que se descubriera que el “contrato de mutuo” era falso, es por ello que el “contrato de resciliación” viene a ser una declaración extrajudicial, confirmando que la información que proporcionó en el primer documento es falsa.
En la vista pública, un testigo con régimen de protección declaró que el “contrato de resciliación” fue elaborado y firmado en julio de 2023, y no el 7 de diciembre de 2020 como reza en el documento.
El 16 de agosto de 2023 la Asamblea Legislativa aprobó desaforar a García Salguero y fue capturado el 17 de agosto de 2023 tras una serie de divulgaciones de datos por parte del asesor de seguridad nacional Alejandro Muyshondt.
Muyshondt publicó en redes sociales audios e imágenes donde señalaba a Erick García, de tráfico de drogas, lavado de dinero y nepotismo. También, acusó a García de falsedad ideológica en la modalidad de concurso real del delito en perjuicio de la fe pública, pues García brindó datos falsos para la elaboración de documentos públicos.
Alejandro Muyshondt fue capturado posteriormente, acusado de “doble agente”, y murió de forma extraña en prisión. La abogada y los familiares sostiene que fue “asesinado en presión porque conocía mucha información de varios funcionarios del gobierno de Bukele, incluido él”.
