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@JoakinSalazar
Encabezados por el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Jesús Ulises Rivas, una comitiva de representantes de ex funcionarios destituidos por la Sala de lo Constitucional viajó a la ciudad de Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para denunciar arbitrariedades del máximo tribunal de justicia salvadoreño.
Ulises Rivas, tal como afirmara anteriormente, viajó a la sede de la CIDH, donde expuso ante la entidad internacional y reconocida por el Estado Salvadoreño, las graves violaciones a los derechos fundamentales a los que varios funcionarios, en su mayoría progresistas, han vivido por parte de los magistrados de la Sala de lo Constitucional.
De igual manera, Rivas invitó a ex funcionarios, destituidos por la Sala de lo Constitucional, con la finalidad de exponer las violaciones cometidas por la Sala, al no respetar los derechos civiles de cada funcionario.
Al Magistrado Rivas le acompañó Salomón Padilla, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia, también destituido por la Sala, además Carlos Zambrano, diputado suplente por el FMLN, quienes también fueron suspendidos de sus labores por la Sala.
Una hora y 20 minutos fue suficiente para que Rivas acompañado de otros ex funcionarios expusiera ante el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão que se interesó de las violaciones a los derechos civiles y políticos que se cometen en El Salvador, a través de la Sala de lo Constitucional.
“La Sala de lo Constitucional no tiene la razón de andar sustituyendo funcionarios, solo porque ellos sospechan de que tienen una simpatía política o alguna afiliación política yo decidí con un grupo de amigos interponer la denuncia ante la CIDH. Y nos llevamos la sorpresa que no nos atendió ningún abogado, sino el mismo Secretario Ejecutivo de la CIDH”, explicó Rivas a través de una llamada telefónica a Radio Maya Visión.
Y es que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, Rodolfo González, Belarmino Jaime, Sídney Blanco y Florentín Meléndez, han destituido a un total de 113 funcionarios, en su gran mayoría de pensamiento progresista, es decir con ideología de izquierda, y sin tener pruebas de un vínculo partidario. Mientras que los de derecha, incluidos ellos mismo, siguen como funcionarios.
El más reciente caso ha sido el de Ulises Rivas, y que ha retomado más resonancia entre la población salvadoreña, dado que los magistrados han roto con el equilibrio en el Tribunal Electoral, al poner una magistrada interina, Sonia Clementina Liévano de Lemus, de derecha, en sustitución del magistrado Rivas.
Liévano de Lemus, admitió públicamente que es de ideología de derecha, misma razón por la que es procesado y destituido el magistrado Ulises Rivas, por lo que deja en entrever que la balanza de la justicia solo dictamina hacia un lado.
De acuerdo a la Magistrado Rivas, el caso será retomado hasta agosto, dado que las audiencias realizadas por la CIDH ya están programadas para realizarse en Brasil, Perú y luego en México, donde entraría está denuncia contra la Sala de lo Constitucional.
“Los juicios así son, pero eso no quiere decir que no vamos a intentar todo para agilizar el caso, la CIDH ya puso interés a las violaciones de derechos civiles y políticos que se cometen en El Salvador. Ese criterio de la Sala de lo Constitucional hay que revertirlo porque es dañino, tanto para la izquierda como derecha; la OEA se está fijando en las violaciones de derechos humanos en El Salvador”, recalcó. Ulises Rivas ha interpuesto una demanda por el delito de prevaricato contra los magistrados de la Sala en la Fiscalía General de la República, dado que los magistrados no respetaron el debido proceso en su contra, además interpuso otra denuncia ante el Tribunal de Ética Gubernamental.
Durante su regreso, el Magistrado interpondrá una denuncia ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), con la finalidad de poner un alto a las graves injusticias cometidas por la Sala de lo Constitucional, que viola derechos políticos y las libertades de cada ser humano.
