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Mirna Jiménez
Diario Co Latino
Tres exfuncionarios destituidos o suspendidos de sus cargos por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), se presentarán el próximo lunes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para denunciar la violación a sus derechos de parte de magistrados de ese sala del Órgano Judicial.
Salomón Padilla, destituido de su cargo de presidente de la CSJ por sus propios compañeros de Sala; Ulises Rivas, suspendido de su cargo como magistrado del Tribunal Supremo Electoral(TSE), por la misma Sala, y Carlos Mario Zambrano, destituido como diputado suplente del FMLN al igual que 83 legisladores suplentes de los demás partidos políticos, presentarán cada uno su caso ante la CIDH.
“Como ciudadanos de El Salvador hemos acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cada quien con sus denuncias por sus casos. El objetivo que tenemos, lo hemos platicado como salvadoreños, como compatriotas, es que este criterio no siga dañando los derechos legítimos que pueden tener otros profesionales a acceder a cargos públicos. Ya nos hicieron daño a nosotros, no es borrón y cuenta nueva, hay que recordar porqué lo hicieron, pero lo que queremos es sentar un precedente”, explicó Ulises Rivas, en canal 29 junto (Genteve) con los otros dos demandantes.
“Lo que queremos es que se revisen el criterio que está aplicando la Sala de lo Constitucional para destituir funcionarios de segundo grado y de elección popular, si realmente los grandes juristas de Latinoamérica en ese organismo regional comparten ese criterio de la Sala, pero estamos convencidos que ese criterio no va ser compartido”, recalcó el funcionario inhabilitado.
Tanto Padilla como Rivas fueron separados de sus cargos luego que los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, de reconocida tendencia de derecha, y Sidney Blanco y Florentín Meléndez, de centro derecha, alegaran que tenían nexos con el FMLN, lo que les inhibía de ejercer esos puestos, según el criterio de la Sala.
A la vista está de que mi persona y los aquí presentes, hemos sido víctimas de una institución que constitucionalmente está llamada a la protección de los derechos humanos, pero que contrario a eso, lo que ha hecho es violentar derechos”, sostuvo Padilla.
Recordó el exfuncionario destituido por los cuatro magistrados de la Sala Constitucional que la distribución desigual de la riqueza, la violación de los derechos humanos, en general, pero específicamente “la marginación política” fueron las causas que principalmente llevaron a este país al conflicto.
En su defensa, el expresidente de la Corte manifestó que en ninguna parte de la constitución manifiesta que los magistrados de la Sala de lo Constitucional o quienes tienen atribuciones para juzgar estén inhibidos de ocupar un puesto de esa naturaleza por pertenecer a partidos políticos.
“Al contrario, la constitución habla de que estén en el uso de sus derechos políticos y uno de ellos es constituir partidos políticos o sumarse a los que ya existen, es una contradicción la que ellos han formulado ahí”, manifestó.
Padilla afirmó que la Sala de lo Constitucional, en su actual conformación, se ha venido mostrando como un suprapoder y si bien de alguna manera es un tribunal constitucional, no está fuera del órgano judicial y la máxima autoridad es la Corte Plena.
“La Sala de lo Constitucional se ha dado a la tarea de venir considerando de que esta constitución es oscura y que las únicas interpretaciones valederas a aplicar son las que ella pueda hacer, cuando la constitución es clara en muchos de los artículos que ellos han citado y que han sido objetos de interpretación”, señaló el abogado.
Rivas manifestó que con su inhabilitación y otras resoluciones de estos magistrados la Sala de lo Constitucional buscan generar un caos electoral y en la democracia, prohibiendo a la población ejercer sus derechos.
En su caso, la resolución de los citados magistrados le ha provocado mayores daños personales porque debido a que ha sido inhabilitado transitoriamente en el cargo, no puede ejercer su profesión.
Rivas manifestó que fue separado de su cargo mediante una “resolución perversa” a través de una “argucia jurídica”.
Zambrano dijo, por su parte, que los magistrados de dicha sala han establecido una nueva forma de restringir derechos políticos y civiles a la población. “No podemos permitir un retroceso de este nivel, no podemos permitir que eso esté sucediendo en nuestro país”, manifestó.
Añadió el diputado suplente que otras resoluciones como la suspensión de la emisión de $900 millones en bonos ha provocado un gran daño al país y la ciudadanía con la rebaja en su calificación de riesgo y el consecuente incremento en los intereses para los préstamos hipotecarios de la población.
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