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Redacción Nacionales
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Mauricio Ramírez Landaverde, ex ministro de Justicia y Seguridad y uno de los presos políticos de la izquierda, acusado por supuestamente desviar fondos de las tiendas institucionales de los Centros Penitenciarios, pidió que el resto del proceso sea de manera justa, apegado a la ley y continuarlo fuera de la cárcel, a fin de no agravar más el daño familiar, moral, económico y en salud, que injustamente le han ocasionado.
“He enfrentado un proceso meramente político, que no tiene por fin la verdad y la justicia, sino busca silenciar y anular cualquier tipo de oposición, haciendo uso del sistema de justicia para intimidar a las personas de forma que a muchos no les ha quedado otra opción que huir del país o simplemente callar, evitando asi ser sujetos a persecución”, expresó a través de una carta pública.
En junio de 2019, el actual presidente de la República señaló que, siendo ministro de Justicia y Seguridad Pública, Landaverde cometió delito al crear la Asociación Yo Cambio (ASOCAMBIO), para la legalización y manejo de los fondos obtenidos en las tiendas institucionales de los Centros Penitenciarios. Desde el primer momento Ramírez Ladaverde, quien tiene el grado de comisionado de la PNC, sostuvo su inocencia, entregó a la FGR toda la información de la que disponía, poniéndose a disposición de las autoridades, pidiendo ser llamado a entrevista para aclarar cualquier aspecto sobre dicha asociación, pero nunca fue llamado, pasaron dos años y en ese tiempo los diferentes fiscales por cuyas manos pasó el caso, jamás encontraron fundamento para formular una acusación.
En agosto de 2021, dos fiscales recibieron orden directa de presentar requerimiento y emitir orden de detención administrativa en su contra, poro lo que el ex funcionario se presentó voluntariamente a la PNC, y fue puesto a la orden del Juzgado 6º de Paz San Salvador, tribunal que resolvió pasar el caso a instrucción, pero con medidas sustitutivas a la detención provisional.
“En clara violación a la independencia judicial, los magistrados de la Cámara de Segunda Instancia recibieron la instrucción de revocar tales medidas, ordenando al Juzgado 2º de Instrucción de San Salvador que ordenara mi detención, ante lo cual, de forma también voluntaria, me presenté a dicho tribunal, quedando desde entonces en detención provisional en base a lo que la ley establece”, reiteró el comisionado Ramírez Landaverde en el documento.
En ese momento, pidió una revisión a la medida impuesta porque los hechos atribuidos y las circunstancias del caso, no ameritaba la detención, el Juzgado de Instrucción resolvió a su favor, otorgándole medidas sustitutivas, pero nuevamente, se ordenó a la Cámara respectiva que impidiera la libertad, revocando lo resuelto por el Juzgado.
El ex ministro de Seguridad reiteró que este caso constituye también una venganza política donde intervienen intereses de sectores y hasta personales, el caso ASOCAMBIO cumple varios de los parámetros de los que hoy en día la doctrina jurídica incluye para considerarlo como caso político.
El comisionado agregó que desde el inicio de este proceso se irrespetó el principio de legalidad, ya que los hechos no son constitutivos de delito, violándose también las garantías de presunción de inocencia, legítima defensa y derecho al debido proceso.
Durante la investigación se han efectuado peritajes financieros, tanto a cargo de la defensa como de la FGR, en ambos se concluye, de forma clara y contundente, que todos los recursos obtenidos se emplearon para los fines que la ley establece, y que jamás se benefició de ninguna forma de la operación de las tiendas en los centros penitenciarios.
