Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Redacción Nacionales
@DiarioCoLatino
El ex exsecretario privado de la presidencia, Francisco José Cáceres Zaldaña y su grupo familiar, enfrentaron la audiencia probatoria por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, cuando Cáceres fungió como funcionario.
La Fiscalía General de la República señala a Cáceres de enriquecerse ilícitamente por $3,541,407.87 dólares. Al exfuncionario se le reclaman 44 presuntas irregularidades presentadas en depósitos en efectivo en cuentas de ahorro, pagos de préstamos y de tarjetas de crédito.
Las presuntas irregularidades se sustentan tras no poderlas justificar ante la Sección de Probidad la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
A su esposa, Reina Guadalupe Flores de Cáceres, se le señalan 11 supuestas inconsistencias en depósitos a cuenta de ahorro, adquisición de vehículos y de inmuebles por un monto de $346,553.85. A su hija menor de edad se le reclama una presunta irregularidad en depósitos a cuenta corriente por $6,133.74.
Cáceres Zaldaña ejerció el cargo durante la gestión del expresidente de la República, Mauricio Funes, entre el 1 de junio de 2009 al 31 de mayo de 2014. Esta audiencia se desarrolla ante la Cámara Ambiental de Segunda Instancia de Santa Tecla.
“En suma estamos demandando al señor Francisco Cáceres Zaldaña y su grupo familiar por la suma total de $3,892,095.46. Esta audiencia es el momento para que las partes, los abogados del señor Francisco Cáceres, presenten las pruebas que tienen a fin de que puedan ellos desvanecer o justificar estas irregularidades que hemos señalado y el monto que estamos reclamando”, dijo el fiscal del caso.
Según añadió, como fiscalía se presentan las pruebas documentales que consiste en el expediente administrativo certificado por la Corte Suprema de Justicia que contiene 6.000 folios. Agregado a ello también se cuenta con la prueba bancaria y prueba pericial que se va a solicitar en la audiencia.
La pretensión fiscal es que el exfuncionario se dé por declarado el delito de enriquecimiento ilícito, se reintegre al estado el monto de más de 3 millones y se le inhabilite por 10 años para el ejercicio de cualquier cargo público.
El exsecretario privado, quien se encuenra en prisión domiciliar es un testigo criteriado de la Fiscalía, y por eso a atestiguado en contra hasta de sus sublaternos.
