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Por Henry Morales Arana
Ciudad de Guatemala/AFP
La declaratoria de incapacidad mental del exdictador Efrían Ríos Montt, online dictada este martes por los médicos forenses de Guatemala, puso en duda la viabilidad del juicio en su contra por genocidio contra el pueblo maya, cuyo reinicio estaba previsto para el 23 de julio.
Ríos Montt, de 89 años, «no es competente para asistir ni atender audiencias judiciales» debido a que «no se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, no es capaz de entender con propiedad cualquier cargo en su contra», precisó en su informe el Instituto Forense de Guatemala, un organismo público autónomo.
El estudio fue entregado a petición de un juzgado que ventila una etapa intermedia contra Ríos Montt para decidir si lo lleva a juicio por la masacre de 201 campesinos cometida durante su régimen en la aldea Dos Erres, en Petén, unos 600 km al norte de la capital.
Sin embargo, según los abogados del anciano exdictador, el informe afecta también el nuevo debate oral programado para el 23 de junio, en el proceso por genocidio que ya lleva más de tres años atascado en una maraña de aplazamientos, impugnaciones y anulaciones, entre otros incidentes procesales.
Dicho proceso está relacionado con la masacre de 1.771 indígenas maya-ixiles, que el ejército perpetró entre 1982 y 1983, durante el régimen de facto de Ríos Montt, considerado el hecho más sangriento de los 36 años de la guerra civil (1960-1996).
«Una persona que está sujeta a un proceso necesita estar consciente de la situación en la que está, consciente de lo que significa estar enfrentando un proceso penal», dijo a la AFP Luis Rosales, uno de los defensores del militar.
«No cabe duda de que él no está en condiciones de enfrentar un proceso penal y su condición no es reversible», agregó Rosales.
De pie contra la impunidad
Sin embargo, abogados de las víctimas expresaron que el último informe del instituto forense «solo es una opinión más», y que serán los jueces del Tribunal B de Mayor Riesgo, a cargo del proceso, quienes tengan la última palabra.
«Es un informe más sobre el estado de salud de una persona y quien debe determinar en Guatemala si una persona está incapacitada física o mentalmente es un tribunal», indicó a la AFP Héctor Reyes, abogado del querellante Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH).
Los representantes de familiares de las víctimas del genocidio no bajan los brazos con el resultado de la evaluación y se presentarán al inicio del nuevo juicio, afirmó Reyes.
No obstante, otros activistas humanitarios, como Mario Polanco, director del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), ven de forma pesimista el impacto del informe.
«Este informe médico forense lo que indica es que los crímenes que él (Ríos Montt) cometió quedarán en la impunidad», dijo Polanco a la AFP.
El activista mencionó que el Estado guatemalteco quedará en deuda de otorgar justicia a las víctimas de la dictadura de Ríos Montt.
«Lo menos que el Estado puede hacer ahora es garantizar que se investigue, se procese y se castigue a otros que están involucrados en los crímenes que se le estaban señalando» al exdictador, añadió.
Alucinaciones y deterioro físico
El informe forense señala además sobre la condición de Ríos Montt que «hay historia de sintomatología sensoperceptiva en forma de ilusiones y alucinaciones, que implica afección del sistema nervioso central».
Al exdictador se le han efectuado otros estudios médicos que revelan la existencia de una serie de padecimientos crónicos propios de la edad, como problemas cardíacos y una lesión en la columna vertebral que lo mantienen postrado en cama.
Ríos Montt fue condenado el 10 de mayo de 2013 a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad por la masacre de 1.700 indígenas mayas-ixiles, perpetrada durante los 18 meses de su gobierno de facto entre 1982 y 1983.
Casi una semana después la Corte de Constitucionalidad (CC), máxima autoridad judicial del país, anuló la sentencia por considerar que se incurrió en errores procesales y ordenó un nuevo debate.
El inicio del nuevo proceso estaba programado para el 5 de enero pasado, pero la defensa recusó a la jueza Jeannette Valdez, integrante del tribunal, por haber opinado sobre el genocidio en una tesis académica en 2004, argumento que fue aceptado por el Poder Judicial.
Los defensores de las víctimas atribuyen el genocidio durante el régimen de Ríos Montt a una política de exterminio estatal contra el pueblo indígena, que los militares consideraban base de apoyo de los movimientos insurgentes durante la guerra civil.
