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Buenos Aires/AFP
Alexandre Peyrille
Exdirectivos de la automotriz Ford en Argentina comenzaron a ser juzgados el martes, por permitir el secuestro y la tortura de 24 trabajadores de una planta de la empresa estadounidense en Buenos Aires durante la dictadura (1976-1983).
Se trata de un juicio emblemático porque juzga la complicidad del ámbito empresario en los crímenes de la dictadura argentina, que ya juzgó y condenó a cientos de militares, policías y civiles.
Las víctimas eran todos operarios de la planta de Ford ubicada en la localidad de Pacheco, en un suburbio al norte de Buenos Aires, algunos de ellos delegados gremiales.
Los trabajadores fueron arrestados por fuerzas militares mientras cumplían con su trabajo dentro de la planta entre el 24 de marzo de 1976, fecha del golpe de Estado, y agosto de ese año.
Fueron retenidos en el quincho de la planta, en el que funcionaba un lugar de esparcimiento para los operarios, donde las víctimas fueron golpeadas y torturadas por unas doce horas, según testimonios que obran en la causa.
Luego fueron trasladados a comisarías y más tarde alojados en cárceles a disposición del Poder Ejecutivo.
Los acusados son el exgerente de Manufactura de Ford, Pedro Müller, el exjefe de Seguridad de la planta en General Pacheco, Héctor Francisco Sibilla, y el exjefe del Cuerpo IV del Ejército, Santiago Omar Riveros.
El presidente de la compañía en esa época, Nicolás Enrique Courard, y el gerente de Relaciones Laborales, Guillermo Galarraga, ya fallecieron.
Los acusados están presentes en la primera audiencia del juicio, que se lleva a cabo en un tribunal federal de San Martín, en la periferia norte de la capital argentina, y se estima que el proceso durará meses.
Algunos de los 24 secuestrados eran delegados sindicales y otros simples trabajadores.
Un puñado de aquellos obreros, que eran jóvenes de unos 20 años cuando fueron secuestrados, están también en la sala del tribunal, vestidos con remeras con el clásico logo de Ford salpicado de pintura roja a modo de sangre.
Afuera carteles con la frase: «Ford Motors Argentina secuestró y torturó a 24 delgados y obreros. Justicia ya», dan marco a un juicio cuyo inicio se demoró durante años.
Dos años encarcelado
«Militares en uniforme me secuestraron en mi puesto de trabajo, estaba pintando. Me torturaron durante doce horas, de las 11h00 a las 23h00. Palizas, rodando como una pelota en la escalera, picana…», relata a la AFP Carlos Propato, de 69 años, que trabajó en la planta de 1970 a 1976.
Propato era el delegado sindical. «De ahí fuimos trasladados a la comisaría. Allí estuvimos 40 días con tortura casi diaria, hambre, mugre. Perdí un ojo y me fracturaron una vértebra», recuerda.
En total pasó dos años en prisión y busca justicia. «La planta de Ford en Pacheco fue un centro de detención y tortura. De Ford, nunca recibimos nada, nunca una palabra, ni una carta, nada de nada», afirma.
Los militares involucrados fueron acusados de secuestro, apremios ilegales, amenazas. Muller, de 86 años, y Sibilla, de 91, son acusados de complicidad por haber facilitado los medios necesarios para cometer los crímenes.
«Los 24 fuimos encarcelados por orden de la empresa. Cuarenta años después es importante que se haga justicia», dice Propato.
Mientras estaban secuestrados, sus familias recibieron de Ford telegramas conminándolos a presentarse a sus trabajos, y más adelante telegramas de despido.
La querella sostiene que los responsables de Ford desempeñaron un papel clave en la identificación de los trabajadores que tenían una actividad sindical, que pusieron a disposición la planta de la empresa y que permitieron que allí se montar una sala de tortura, además de facilitar los vehículos para trasladar a las víctimas a prisión.
«¿Cuál era mi crimen? Solo reclamar los derechos de los trabajadores», afirma Carlos Propato.
Una fuente judicial próxima al caso considera que si los 24 trabajadores «no fueron eliminados, fue porque no representaban un peligro para los criterios militares. Sólo los castigaron por su acción sindical», consideró.
Desde 2005, cuando cayeron leyes de impunidad, centenares de torturadores y represores han sido juzgados, entre ellos el exjerarca Jorge Rafael Videla, condenado y fallecido en prisión en 2013.
