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Montevideo/Sputnik
La exfiscal general guatemalteca Thelma Aldana lamentó la condena el viernes a cuatro años de cárcel contra la jurista Virginia Laparra, juzgada luego de ocho meses encarcelada sin derecho a prisión domiciliaria, tras denunciar casos de corrupción en el Ministerio Público.
“Nefasto para el débil Estado de derecho de Guatemala el fallo contra Virginia Laparra. Es un precedente que demuestra la criminalización y persecución contra personas que luchan contra la corrupcion”, señaló Aldana en la red social Twitter, desde su exilio en Estados Unidos.
La jueza Oly González, del Tribunal Octavo de Sentencia Penal, condenó a cuatro años de prisión conmutables a razón de 10 quetzales diarios (1,25 dólares) a Laparra, exfiscal de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), por el presunto delito de abuso de autoridad en forma continuada.
Laparra dirigía la FECI en el departamento de Quetzaltenango (oeste), y es una de los operadores de justicia en Guatemala perseguidos por el actual Ministerio Público, dirigido por la fiscal Consuelo Porras, a quien el Gobierno de Estados Unidos designó en la llamada “Lista Engel” de funcionarios implicados en actos de corrupción.
La organización Amnistía Internacional declaró a Laparra “presa de conciencia”, y señaló que su detención responde a un patrón de persecución contra personas operadoras de justicia, comprometidas con la lucha contra la impunidad.
La organización de extrema derecha Fundación Contra el Terrorismo (FCT) acusó a Laparra de abuso de autoridad por denunciar en 2018 al entonces juez de Mayor Riesgo, Lesther Castellanos, por presunta filtración de información reservada.
El abogado Raúl Falla, titular de la FCT y designado por el Gobierno de Estados Unidos por obstrucción de la justicia, acusó a Laparra de politizar la justicia para afectar a jueces, pero la imputada replica que es criminalizada únicamente por haber pertenecido a la FECI y ejercer su derecho de defensa.
La exfiscal fue capturada por la Policía Nacional Civil el pasado 23 de febrero, en seguimiento a un caso investigado por la Fiscalía de Asuntos Internos, y se le negó en dos oportunidades la posibilidad de seguir el proceso en arresto domiciliar.
