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Redacción Nacionales
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La Cámara de lo Penal de la Cuarta Sección del Centro, con sede en Santa Tecla, declaró la existencia de enriquecimiento ilícito en el proceso contra el exfiscal General de la República, Luis Antonio Martínez González, quien estuvo en el cargo durante el período de 2012 a 2015.
Según el fallo emitido, y sobre el cual versa la demanda, se determinó un aumento injustificado en el patrimonio del exfuncionario, ascendente a $71,736.62. El fiscal del caso sostuvo que esa cantidad reclamada corresponde a irregularidades o inconsistencias encontradas en las declaraciones presentadas en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Esta cifra corresponde a depósitos bancarios, pago de tarjetas de crédito y resultados negativos entre la disponibilidad y sus gastos.
La Cámara declaró que Luis Martínez deberá devolver al Estado de El Salvador la suma de $71,736.62 y será inhabilitado para ejercer un cargo de carácter público durante los próximos diez años.
El exfiscal, Luis Martínez, también está involucrado, el caso conocido como “Corruptela” donde él y otras 29 personas por presuntamente inventar delitos falsos en beneficio de ciertos empresarios y el expresidente de la República, Mauricio Funes.
Por ese caso, Luis Martínez es acusado de peculado, lavado de dinero y activos, negociaciones ilícitas, falsedad ideológica, cohecho impropio, falsedad documental agravada y omisión de la investigación en perjuicio de varias personas.
Detención para exfiscal de Chalatenango por narcotráfico
El Tribunal 5.° contra el Crimen Organizado de San Salvador llevó a cabo la audiencia especial de imposición de medidas contra cinco procesados, identificados como parte de una estructura criminal.
Según la investigación fiscal, los involucrados son: Noé Miranda Guardado, quien fungía como fiscal en la oficina de Chalatenango, capturado el 27 de noviembre de este año y acusado de incumplimiento de deberes, revelación de hechos, actuaciones o documentos secretos, y agrupaciones ilícitas, tras ser investigado y vinculado con el exalcalde de San Antonio de la Cruz, Lucio Edwin Ayala Flores, según indica el requerimiento fiscal.
La investigación sostiene que la supuesta estructura consistía en que Ayala Flores le daba órdenes al fiscal para apoyarlo en algunos procesos penales a cambio de dádivas económicas.
Asimismo, se identificó a José Mario Burgos Reyes, un exempleado del Consejo Nacional de Administración de Bienes, acusado de cohecho propio y agrupaciones ilícitas, ya que presuntamente verificaba y modificaba información de diferentes inmuebles del exalcalde Ayala Flores a cambio de dinero.
Otra de las personas vinculadas a la supuesta estructura criminal es José Matías Caravantes Serrano, acusado de falsedad material e ideológica agravada y agrupaciones ilícitas, quien, de acuerdo con la acusación, sostenía conversaciones con el exalcalde en las que manifestaba que podía elaborar escrituras públicas, conseguir firmas, notarios y todo lo que necesitara.
El exalcalde de San Antonio de la Cruz, Lucio Edwin Ayala Flores, también es procesado en esta estructura como cabecilla de la organización y acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas, falsedad ideológica. Cabe recalcar que ya cumple una pena de 45 años de prisión desde 2020 por delitos relacionados con el narcotráfico.
El juzgador valoró los indicios probatorios y ordenó la instrucción formal con detención provisional para los cuatro imputados y otorgó un plazo de seis meses para robustecer la investigación. Al quinto imputado M. M., abogado y notario, acusado de falsedad material agravada y agrupaciones ilícitas le ordenó medidas sustitutivas, incluyendo una caución económica de $3,000.
