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Alessia Genoves
Colaboradora
@DiarioCoLatino
La Fiscalía General de la República (FGR) acusa a 10 ex-servidores públicos del FMLN de beneficiarse ilegalmente con $2,673,000 dólares provenientes de fondos estatales, durante la presidencia de Mauricio Funes (2009-2014). Los imputados son procesados por los delitos de lavado de dinero y activos y enriquecimiento ilícito.
La defensa alega que se trata de una persecución política y que los suplementos salariales estaban permitidos según el Manual de Contabilidad Gubernamental.
¿$2,6 millones en sobresueldos?
Los acusados son Salvador Sánchez Cerén, Carlos Cáceres, José Velavino López, Manuel Orlando Quinteros, Calixto Mejía, Violeta Menjívar, Hugo Flores, José Manuel Melgar y Erlinda Handal, quienes ocuparon cargos ministeriales y viceministeriales en Hacienda, Agricultura, Obras Públicas, Trabajo, Salud y Educación, así como en la Presidencia de la República.
Según la representación fiscal de la FGR, cada uno de los imputados recibió entregas periódicas de dinero en efectivo que oscilaban entre los $150,000 y $530,000 dólares durante el período 2009-2014, las cuales provenían de la partida secreta manejada desde la Presidencia de la República bajo instrucciones del expresidente Mauricio Funes.
El Código Penal salvadoreño sanciona en su artículo 4 el delito de lavado de dinero y activos con penas de 3 a 5 años de prisión. Por su parte, el artículo 333 castiga el enriquecimiento ilícito con penas de 3 a 10 años. La FGR acusa a los imputados de haber recibido los fondos al margen de la ley, sin declararlos ante el Ministerio de Hacienda ni en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia.
Tras la audiencia inicial desarrollada ante el Juzgado Segundo de Paz, cinco de los imputados fueron enviados a prisión preventiva, mientras que sobre los otros 5 se libró una orden de captura internacional a través de Interpol por encontrarse prófugos.
Controversias
La defensa de los imputados ha manifestado que se trata de un proceso arbitrario con claros tintes de persecución política, y que adolece de varias irregularidades procesales.
Los abogados alegan que los suplementos salariales estaban permitidos por el Manual de Contabilidad Gubernamental vigente en ese período, y que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia debió haber realizado un peritaje sobre la declaración de patrimonio de entrada y salida de los funcionarios antes de proceder penalmente por enriquecimiento ilícito.
Asimismo, denunciaron la ausencia de los defensores en ciertas diligencias clave como la certificación grafotécnica de firmas, así como el hecho de que se les haya impedido conocer el contenido de los testimonios de los testigos criteriados presentados por la Fiscalía, a quienes señalan como reos que gozan de privilegios procesales.
Uno de los abogados defensores afirmó que “hay dos testigos criteriados que han estado en el caso de Funes también. Ahorita hay una cuestión allí que hay unos sobres cerrados, tenemos que conocer el contenido es la parte inicial que vamos a abordar ahorita” (Fuente: ContraPunto).
Finalmente, la defensa asegura que este proceso se desarrolla en el marco de una institucionalidad judicial que ha sido cooptada por los intereses del actual gobierno, luego de la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en mayo de 2021.
