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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
“Urge una ley general de aguas, pero no queremos cualquier ley”, dijo Luis González, de la UNES, integrante de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, al analizar sobre un marco normativo que regule los ecosistemas y los bienes hídricos en beneficio de toda la población.
“No queremos entorpecer el proceso legislativo sobre la Ley General de Aguas, porque la crisis socio ambiental que vive el país demanda una regulación en el uso. Queremos una ley que resuelva las problemáticas a la población. Y es por esto, que pediremos ser parte de las organizaciones que sean consultadas en la comisión Adhoc, del legislativo”, acotó González.
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua la conforman redes y organizaciones sociales, ecológicas y academia que en los últimos quince años, han presentado diferentes propuestas que se han consolidado en cinco puntos “no negociables”, sobre una Ley General de Aguas, integral y enfoque de sustentabilidad.
Los cinco puntos no negociables y esenciales de la propuesta social son: que el agua es un bien público, que tiene dimensión de derecho humano, el carácter de gestión pública a partir de la participación de la sociedad salvadoreña.
Asimismo, el cumplimiento del mandato de dar sustentabilidad a las cuencas hidrográficas y definir un régimen económico justo y equitativo en el pago del agua. Que consideró González, algunos puntos de estos se mencionan en la propuesta del presidente Nayib Bukele, pero no se desarrollan o son contrapuestos por otros elementos.
“El Estado debe ser garante de nuestro acceso al agua y debe privar el interés colectivo de la población más desposeída sobre el interés privado. El agua no puede ser sujeta a privatización por ser un bien natural que nos pertenece a todos y todas, y en la propuesta de ley del gobierno plantea todo eso del bien público y derecho humano, pero también incluyó el desarrollo económico“.
“Hacemos énfasis en esto porque el tema del agua es complicado e históricamente ha primado el interés económico y es por esto que tenemos tanta desprotección en el tema hídrico a nivel nacional. La finalidad de una ley de agua debe ser el mantenimiento de este bien natural, de los ecosistemas para beneficio de la población y la vida, como incluye nuestra propuesta”, manifestó González.
Otro de los temas que preocupa a la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua es el tema de las autorizaciones que plantea dos categorías para acceder al usufructo del agua. La primera se dará a aquellas que pidan cantidades iguales o superiores a los 473,040 metros cúbicos de agua por año, por un período de quince años, y con la alternativa de renovación del permiso.
“Hablan de un bien público, pero estas cantidades de agua como base son injustas. Para poner en contexto, esos 473,040 metros cúbicos de agua, podrían servir para atender a 2,600 familias en un año. Y aquí, se pretende dar autorizaciones a cantidades superiores para uso privado por 15 o 30 años. En nuestra lectura, cuando un bien común se da por muchos años, es una forma de privatización”, explicó González.
Sobre los diversos usos del agua, el balance hídrico y la cantidad de recarga de los acuíferos, agregó González, sin información reciente y un cálculo técnico sobre la cantidad de reservas de agua dulce, no se podría asignar al consumo doméstico, preservación de los ecosistemas, riego de cultivos de granos básico y hortalizas y otros usos.
En cuanto a la participación de la sociedad en el tema hídrico, González dijo que la propuesta de las organizaciones es un monitoreo y fiscalización del uso del agua a partir de organismos como el consejo técnico asesor, consejo nacional de aguas u organismos zonales de cuencas que en la propuesta gubernamental fueron eliminados. Lo que consideran una exclusión social de organizaciones comunitarias, ambientalistas, mujeres, pueblos indígenas y campesinos.
La Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) que se desprende de la propuesta gubernamental, plantea toda una dirección ejecutiva, cuyos integrantes en su mayoría serán nombrados por el presidente Nayib Bukele, que se extiende hasta la participación de la sociedad civil y universidades, al mandarlos a postular ternas que escogerá también el mandatario.
Rodolfo Calles, de APROCSAL, y de la Alianza contra la Privatización del Agua, indicó que era necesario que el derecho humano al agua esté contenida en la Constitución de la República, y no como ley secundaria, a fin de garantizar el agua para el consumo humano que significa que las personas podrán disponer de agua salubre, suficiente y accesible.
“Aquí se ha hablado de la autoridad y la estructura, pero no la sostenibilidad de las cuencas hidrográficas, creo que esta es la parte más importante porque no se puede garantizar el agua, sino se garantizan las fuentes de agua, porque el agua no nace del chorro. Toda la actividad ecosistémica de la cuenca debería tener una estructura propia y que funcione para garantizar la reserva”.
“En la cuenca se desarrollan muchas cosas y lo más importante, se cosecha el agua, pero también allí se consume, se deforesta, se contamina y otras actividades económicas en términos geográficos e hidrográficos. Por esto cuestionamos que la propuesta del Gobierno haya eliminado toda la estructura zonal de cuenca y atomizado la administración del agua que se reunirá cada dos meses, o sea, seis reuniones al año, para definir el quehacer del agua a nivel nacional, todo fuera de contexto y es grave”, reafirmó Calles.
Como sociedad civil organizada exigieron una discusión de la Ley de Aguas, abierta en donde todos los sectores puedan participar, y esperan que no solo escuchen a los actores sociales y terminen aprobando la normativa integral de Casa Presidencial, porque terminaría siendo un acto más de propaganda gubernamental que un debate en un tema de país, que va desde la restauración de las cuencas hasta la gestión y administración del agua.
“Hablemos de las Juntas de Agua, rurales y comunales que han venido funcionando por autorización de las municipalidades y que podrían seguir existiendo -pero a lo mejor- no tendrán capacidad de poder ser sostenibles, para pagar los cánones como otras empresas y esto no se ha tomado en cuenta en la ley presidencial. Por esto en nuestra propuesta señalábamos que las Juntas de Agua no paguen cánones, si pueden pagar la cuota del agua, pero no el valor del agua, esto debe discutirse”, manifestó Calles.
Para Amalia López, de MOMUJES, que integra la Alianza contra la Privatización del Agua, la recuperación de las cuencas de los ríos y los bosques de galería, entre otros elementos para garantizar la infiltración de aguas lluvias a los mantos acuíferos, ha sido abordado en la propuesta ciudadana.
“En nuestra propuesta de Ley General de Aguas este enfoque se encuentra presente, pero no ha sido tomada en cuenta por la comisión legislativa Ad Hoc, y si hay una forma de integrarlo. Nuestra propuesta es como una sombrilla que incluye a todos los subsectores para que también cuenten con una legislación, entre ellos, esta protección de las cuencas y que sea, la participación ciudadana que esté pendiente para que los reglamentos se cumplan”.
“Es muy probable que un funcionario detrás de su escritorio no se dé cuenta de lo que sucede en determinado sector, pero la gente en el territorio si sabría de las talas indiscriminadas, la contaminación palpable y lo denunciaría. Esto para que funcione debe tener un mecanismo de articulación, debe existir un enlace del territorio y el funcionario de escritorio, sino seguirán siendo meras leyes que se incumplen”, puntualizó López.
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