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Gloria Silvia Orellana
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“La Fiscalía se ha convertido en un aparato para manipular la información amparada en el régimen de excepción”, manifestó Saúl Agustín Rivas Ortega, abogado de ADES, en reacción a los 22 meses que enfrentaron en un proceso judicial plagado de irregularidades y vacíos, que fueron fortalecidas por el sistema judicial.
Saúl Agustín Rivas y Antonio Pacheco, rodeados de representantes del movimiento social de El Salvador, brindaron sus impresiones con respecto al proceso y fallo judicial del 18 de octubre, que dejó a estos ambientalistas y sus compañeros en libertad.
Rivas narró que un representante de la fiscalía llegó a las oficinas de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES) a pregunta sobre las masacres ocurridas en Santa Marta, y los orientaron reunirse con habitantes de la comunidad Santa Marta, porque eran los que conocían estos datos históricos.
“En Santa Marta les dieron mucha información y testimonios de personas que vivieron las masacres y sobrevivieron. Y esos testimonios la Fiscalía los tomó para argumentar el caso contra nosotros. Yo, en esas fechas, ni siquiera conocía Cabañas o Santa Marta, pero me incorporaron a esa época”, manifestó Rivas.
Rivas señaló su sorpresa, por el intento de la fiscalía general de la República de atribuirles esas masacres cometidas por la Fuerza Armada contra la población civil, durante el contexto del conflicto armado del país.
“Era una clara manipulación y violación de la investigación que hizo Fiscalía General de la República, por eso nos preocupan que otros compañeros que han sido detenidos vivan esto. Son un peligro y un riesgo para la población y se debe tener, mucho cuidado”, dijo.
“La Fiscalía es ahora un aparato de impunidad, y si viviéramos en un país, donde verdaderamente se practicara la democracia, estos fiscales después de estos hechos cometidos, al estar aclarado todo y tener nosotros una resolución judicial de absolución, no podrían ellos irse riendo para sus casas”, explicó Rivas.
Juzgados de Paz convertidos en pasa papeles
Asimismo, Rivas recordó como el 11 de enero de 2023 por la mañana, la Fiscalía General de la República los acusó ante los medios de comunicación como “criminales” . Y que ahora 22 meses después, pueden aclarar ante la población en general que esos cargos “fueron falsos”, y que el sistema judicial cometió irregularidades que deben ser investigadas.
“Aclaramos, no tuvimos necesidad de llegar a 22 meses, para esta resolución del Tribunal de Sentencia; que bien pudo haberla dado la Juez de Paz de Victoria. Si bien es cierto, que los Juzgados de Paz no están autorizados a hacer valoración de prueba, pero, tampoco son sólo tramitadores de papeles”, argumentó.
“El Juzgado de Paz de Victoria tuvo que haber analizado de acuerdo a los Tratados Internacionales, aunque no iba a calificar, pero sí pudo calificar el planteamiento de Fiscalía General de la República, si era un delito que estaba considerado como Crimen de Guerra o Lesa Humanidad, pero lo único que hizo fue aceptar lo que la Fiscalía pidió y dio el trámite”, prosiguió Rivas.
El abogado de ADES calificó de “irresponsable” el haberlos mandado a prisión. Y luego pasar al Juzgado de Primera Instancia o Instrucción de Sensuntepeque, que solamente preparó las condiciones para la Vista Pública, ante el Tribunal de Sentencia.
“En esa preparación la Jueza de Instrucción pudo considerar los diferentes elementos que fueron solicitados en tiempo oportuno, como considerar una medida sustitutiva para la detención, ya que sin excepción todos padecemos de ciertas enfermedades que nos podían complicar la salud, en este sistema penitenciario y más aún, dentro del Estado de Excepción”, indicó.
“La Juez de Instrucción nos negó en dos ocasiones las medidas sustitutivas a la detención y fue gracias al esfuerzo de la defensa y que estuvo solicitando de manera reiterada, que al final la Cámara mandó al Juzgado de Primera Instancia realizar la audiencia y así, nos dio la medida, la menos favorable, porque estuvimos en arresto domiciliario”, prosiguió Rivas.
En cuanto a estas irregularidades, Saúl Rivas hizo un llamado a la “Sección de Investigación Judicial” de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para realizar una evaluación sobre el proceso judicial en el Caso de los cinco ambientalistas de Cabañas.
“Quisiera que se diera el tiempo y hagan una evaluación de ese proceso en el Juzgado de Paz de Victoria y en el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, que hagan una investigación judicial de como sustanciaron este proceso”, alegó.
“Porque eso significó 22 meses detenidos, para que al final dijeran, -no debieron ser procesados- , si es cierto, pero hay compañeros a quienes se les agudizó o empeoró sus enfermedades, además del trato inhumano al que fuimos sometidos”, opinó Rivas.
Privados de libertad viven en condiciones inhumanas
Para el líder comunitario Antonio Pacheco, su experiencia de 22 meses en detención, la calificó de “condiciones monstruosas”, pues los privados de libertad viven un infierno en las cárceles del país.
“El gobierno trata de poner al CECOT como una clase de hotel, pero la realidad en los penales es totalmente diferente y los privados de libertad están sufriendo una serie de condiciones extremadamente inhumanas en abierta violación a la Ley Penitenciaria y al Derecho Internacional Humanitario”, denunció Pacheco.
“El gobierno debe hacer algo ante esta situación, la verdad es que no se puede combatir la delincuencia de esta manera. Y los miles de salvadoreños y salvadoreñas que están en los penales son el resultado de esa sociedad que se viene construyendo. No son exclusivamente ellos los responsables, sino el Estado y las clases dominantes los causantes de esa problemática social”, argumentó Pacheco.
Asimismo, el ambientalista reiteró que el país se encuentra sometido desde hace cuatro décadas a un modelo neoliberal en donde se aplican medidas por parte de los gobiernos en turno, y aconsejadas por organismos financieros como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), que van en detrimento de la población.
“Justamente esa política neoliberal implementada por los gobiernos hasta al día de ahora, es la que ha provocado esta situación, si hubieran hecho inversión social, acceso a la cultura y tratado a niños y niñas desde temprano con buenos maestros y maestras, no tendríamos estos problemas”, consideró el líder comunitario y ambientalista.
“En la parte más personal y familiar indudablemente yo entré a la cárcel sin ningún problema de salud, y ahora si los tengo, porque esas condiciones inhumanas en las que nos encontramos y otros es terrible, si dan alimentación, bueno, si, aunque no es alimento, sino lo mínimo, solo para que no te mueras de hambre, no es adecuada ni suficiente en cantidad ni calidad”, reafirmó Pacheco.
Movimiento social exige la ratificación de absolución definitiva
“Celebramos la libertad los ambientalistas de Cabañas y exigimos respeto al fallo judicial que los absuelve”, dijo Rafael Paz Narvaez, del Movimiento Universitario de Pensamiento Crítico (UES) , al que se sumaron diversas organizaciones, redes, foros, mesas y colectivos de la sociedad civil organizada del país.
“Consideramos que la resolución es apegada a derechos y corrige, aunque sea de manera tardía las graves violaciones al debido proceso cometidas por el Juzgado de Paz de Victoria, el Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque y la Fiscalía General de la República, que montó un caso contra los ambientalistas”, dijo.
En el pronunciamiento, Narvaez, resaltó que las juezas que integran el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque resolvieron por unanimidad que la Fiscalía no “acreditó el mínimo probatorio”, por tanto, el caso no constituía un delito de lesa humanidad, que ya había prescrito, y no aplicaba acción penal, lo que reafirma lo argumentado por la defensa desde el inicio que era totalmente improcedente el proceso.
“Sin embargo, este proceso todavía no termina, y la libertad de nuestros compañeros ambientalistas aún no es definitiva, pues la Fiscalía puede apelar y revertir el fallo. En tal sentido, hacemos un enérgico llamado a respetar la decisión del Juzgado de Sentencia de Sensuntepeque, que fue tomada de forma unánime por las tres Juezas”, reafirmó.
“Llamamos al país a cerrar filas en torno a este fallo absolutorio para estos defensores ambientales que trabajan en el cuidado del agua, los ecosistemas, la salud y la vida de los presentes y futuras generaciones amenazadas por el extractivismo. Y a la Comunidad Internacional a que siga acompañándonos en la misión de proteger nuestra casa común”, puntualizó Narvaez.
