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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
María Maura Contreras es madre de tres hijos que le fueron arrebatados de sus brazos, y desaparecidos de forma forzosa por elementos militares en agosto de 1982, en el operativo conocido como “La Conacastada”, en el departamento de San Vicente, en el contexto del conflicto armado de doce años que vivió El Salvador.
Actualmente, como integrante y fundadora de la Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos (ProBúsqueda) reflexiona sobre los hechos de esa época, y como su “herida” aún no termina de sanar por la incertidumbre sobre el paradero de Julia, su niña de 4 meses de edad que aún no ha recuperado.
“Es una herida que no ha sanado porque solo he reencontrado a dos de mis hijos (Gregoria Herminia) y (Serapio Christian), aún me falta encontrar a la niña más chiquita (Julia) que es la que buscaré hasta morir”, expresó.
“Hasta el momento los gobiernos no han podido investigar a dónde están los niños y niñas desaparecidos del conflicto armado y eso (la guerra) se dio, no porque la población lo haya querido, si no que fueron intereses personales los que hubo en esa guerra”, reafirmó.
La Asociación Pro Búsqueda de Niñas y Niños Desaparecidos durante el Conflicto Armado exigieron al Estado salvadoreño una pronta y cumplida justicia en el marco de la conmemoración del “Día de la Niñez Desaparecida”, el próximo 29 de marzo.
A 15 años de haber decretado el 29 de marzo como el Día de la Niñez Desaparecida durante el Conflicto Armado”, en cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en el caso de las Hermanas Serrano Cruz, Jacqueline Martínez, joven reencontrada, reiteró la urgencia de dignificar a las víctimas de tan “grave pérdida” y reparar los efectos que han repercutido en sus vidas estos hechos de violencia.
“La sentencia (Corte IDH) estableció otras medidas, de las cuales el Estado salvadoreño aún tiene pendiente su cumplimiento, entre ellas: la investigación y sanción a los responsables de la desaparición, la búsqueda seria de las dos hermanas Serrano Cruz y la creación de un sistema de información genética”, afirmó.
Sobre estas obligaciones del Estado salvadoreño, Martínez señaló que han pasado 17 años del fallo de la Corte IDH, que aún no ha sido cumplido, pese a los recursos con los que cuenta.
“A 30 años de los Acuerdos de Paz, y casi tres gobiernos de distintas tendencias, los y las familiares y las víctimas han recorrido una larga y complicada ruta para poder ubicar a sus parientes desaparecidos, reclamar reparación y procurar justicia, de lo cual se ha respondido con conductas que solo favorecen a la impunidad”, afirmó.
“Por esto, tuvimos que recurrir al Sistema Interamericano, obteniendo una sentencia en los gobiernos del partido ARENA, dos durante el gobierno del FMLN, y actualmente se tramita otra denuncia ante la Comisión Interamericana”, sostuvo Martínez.
Sobre la actitud de los firmantes de los Acuerdos de Paz, y el actual gobierno, Probúsqueda lamentó el “largo camino a la justicia” que las víctimas están aún recorriendo en busca de una respuesta institucional concluyente sobre estas desapariciones forzadas de niñas y niños durante el conflicto armado.
“Esta situación actual es penosa, pues no sirve de nada atacar a los Acuerdos de Paz y cambiarles el nombre, si no se impone una nueva actitud para modificar lo actuado por los gobiernos anteriores y más allá, seguir beneficiando a las mismas instituciones involucradas en graves violaciones durante el conflicto en detrimento del dolor extendido que nosotros las víctimas seguimos sintiendo”, manifestó Martínez.
Mientras, Margarita Zamora, investigadora de ProBúsqueda, explicó que durante los 28 años de trabajo de la organización se han registrado 1, 026 casos de niñez desaparecida, de estos han resueltos 463, que se subdividen en: 287 reencuentros, 89 de casos de niños y niñas localizados que aún no han logrado reencontrarse con su familia, y 87 localizados fallecidos, y faltan por encontrar 563 casos, por lo que pidieron al Estado salvadoreño, cumplir con sus obligaciones.
“Lo importante, ahora, es que el gobierno no tiene excusas para decir que no tiene recursos o no tiene los medios, porque tiene toda la potestad, el poder de los órganos del Estado y pueden investigar lo que quieran y llegar a todos los niveles, por lo tanto, pedimos que se investigue”, subrayó.
Margarita Zamora busca también a sus cuatro hermanos desaparecidos, de los cuales no tienen información, pese a ser investigadora que trabaja resolviendo el encuentro de familias rotas por la guerra, ella no ha podido cerrar su caso de la desapareción de sus hermanos, por lo que reiteró el llamado a la verdad, la justicia y la reparación.
“No estamos buscando venganza, como cuando nos dicen al exigir justicia, no es cierto, lo único que queremos como familiares y parte del equipo de ProBúsqueda es conocer la verdad y de esta manera reparar el daño que vivimos los familiares desde el momento que desaparecieron los hijos, hijas, nietos, hermanos o abuelos. Y, claro, el Estado debe asumir la responsabilidad y cumplir con lo mandatado (por Corte IDH)”, acotó.
ProBúsqueda, con lo limitado de sus ingresos, ha podido resolver 463 casos, entonces, el Estado no puede seguir negando el acceso a los archivos militares o de otra índole que permitirían identificar a los autores de estos crímenes de lesa humanidad.
“Hay todavía muchos miembros del ejército que participaron en las masacres y pueden reconstruir la historia, encontrar a las niñas Serrano Cruz y otra niñez que desapareció de igual forma. No estamos pidiendo favores, exigimos un derecho y que cumpla un mandato de la Corte IDH”, puntualizó.
