Gloria Silvia Orellana
DiarioCoLatino
La Federación de Empleados Municipales de El Salvador (FEMES) realizó este martes una marcha con el objetivo de exigir al gobierno estabilidad para los trabajadores municipales.
Elmer López, vocero de la FEMES, dijo que es necesario defender “los derechos laborales”, así como exigir la municipalización de los servicios públicos, luego de la nueva reestructuración territorial.
“Esta es una marcha pacífica y prácticamente venimos a pedir la estabilidad laboral, todos somos empleados municipales y estamos conscientes que vienen cambios con respecto al tema del reordenamiento que ha habido en el país”, dijo, en referencia a convertir los 262 municipios en distritos, y agruparlos en 44 municipios.
“Nosotros como empleados municipales que integramos la FEMES, nos vemos preocupados porque sabemos de nuevas administraciones electas de alcaldes y concejos municipales, en donde hay ya rumores que se viene un ola de despidos masivos”, alegó López.
Ley Especial para la Reestructuración Municipal fue aprobada en junio del año pasado con los votos del partido oficialista Nuevas Ideas, y sus partidos aliados en la Asamblea Legislativa, PDC, GANA y PCN.
El decreto legislativo contiene la normativa de una “nueva organización territorial”, que muchos alcaldes y analistas políticos han criticado en su momento por la situación de los gobiernos locales desaparecidos para convertirse en distritos sin mayor articulación para atender a sus pobladores en materia procesal, financiera y administrativa.
La idea del presidente Nayib Bukele, expresada en la nueva composición de 262 municipios a 44 , era, supuestamente, para un “mayor control de la corrupción y eficiencia en el uso de los recursos financieros”. No obstante, los empleados municipales han expresado “sus dudas” de cómo van a lograrse los objetivos planteados.
En cuanto a las peticiones, López agregó que entregarán esa “carta solicitud” al ministro de Trabajo, Rolando Castro, para que atendiera las demandas y no permita los despidos masivos como han ocurrido desde el 2 de junio de 2019.
Hace una semana el ministro Rolando Castro emitió, a través de su cuenta en la red X, fuertes señalamientos contra los actuales gobiernos municipales, a quienes les señaló sus faltas administrativas y les advirtió de la aplicación de la ley penal.
El primer comentario estuvo referido a la existencia de muchos trabajadores que cuentan con 3 a 15 años de laborar en las alcaldías y todavía los tienen por contrato. Y el segundo hallazgo, sobre quedarse con las retenciones legales del sistema previsional, el ISSS, así como, prestaciones personales y préstamos hipotecarios.
“Ambos hallazgos son muy graves, generan daños irreversibles a los trabajadores. Y ambos son constitutivos de delito penal. Se está procesando la información y serán enviados a la Fiscalía General de la República”, dijo en su cuenta oficial.
Elmer López reiteró que en FEMES están “abiertos al diálogo”, pero más que todo están dispuestos a buscar la estabilidad para los trabajadores municipales, es decir, “proteger los derechos laborales”de cada empleado municipal.
“Por el momento, aún no hay despidos en los gobiernos municipales, pero hay retenciones y no están pagando esas prestaciones prácticamente en un 80% de las alcaldías”, dijo.
“Esta es sólo una pequeña marcha que se ha realizado, y vienen alrededor de unas 4 mil trabajadores, y llevamos una nota al Ministerio de Trabajo, con la petición de estabilidad laboral. Se están buscando también otros avances, para tratar de solventar las diferencias porque son miles de trabajadores municipales los que se quedarían sin empleo”, sostuvo López.
Con sólo 44 de los anteriores 262 gobiernos locales, las y los empleados municipales han comenzando a percibir una nueva disposición a despidos masivos como los ocurridos en municipalidades como la de Soyapango, que bajo la figura de “supresión de plazas” dejó sin empleo a más de 500 personas, Mejicanos alrededor de 100 personas y en la municipalidad de Ilopango a 80 personas. Con similares situaciones las de San Marcos y Cuscatancingo desde junio del año pasado.
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