Gabriela Sandoval
@Gabriela_Sxndo
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDECH), junto con la Mesa Nacional de Habitantes de la Línea Férrea, presentó un escrito al Fondo Nacional de Vivienda Popular (FONAVIPO), dirigido a la directora de la institución, Michelle Sol, para exigir el cumplimiento de diversos decretos legislativos y leyes a favor de las familias que se verían afectadas por la construcción del Tren del Pacífico.
“Presentamos un escrito a la ministra para exigir el tema de cumplimiento de diversos decretos y leyes que se han estado emitiendo en los últimos años en favor de todas aquellas familias y personas que residen sobre la línea férrea y que hasta este momento después de nueve meses que la mesa nacional de línea férrea presentó una nota pidiendo audiencia a la ministra Michelle Sol y no se le ha dado respuesta”, mencionó Rudy Joya, vocero y abogado de UNIDECH.
El Tren del Pacífico es un proyecto que el Gobierno de El Salvador pretende impulsar desde inicios de la presidencia de Nayib Bukele en 2019. El pasado 3 de abril de 2019, la Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Ley Especial para la Desafectación y Transferencia de los Terrenos Ferroviarios en Desuso y sin Viabilidad Ferroviaria, a Favor de Familias y Entidades de Utilidad Pública. Esta reforma estableció un procedimiento especial para la transferencia del derecho de dominio de los terrenos ferroviarios en desuso, que han sido ocupados de forma quieta, pacífica e ininterrumpida por familias de escasos recursos económicos a lo largo de toda la línea férrea.
En este contexto, Rudy Joya señaló que a las familias que viven en los sectores de la línea férrea se les está “vulnerando los derechos de petición”, puesto que las familias solicitaron información de la construcción de dicho proyecto y no fue proporcionada. De la misma manera, afirmó que después de nueve meses “no se ha tenido una respuesta clara” a una solicitud de audiencia con Sol, que buscaba discutir acerca del futuro de las personas que viven en los sectores en donde se pretende construir el proyecto.
“Después de nueve meses sin una respuesta clara a la solicitud de audiencia hecha a la ministra Michelle Sol, se ha vulnerado el derecho de petición de estas familias. Venimos a activar el proceso administrativo a través de la LPA con este escrito legal en el cual se exigen tres puntos importantes”, dijo el abogado.
Uno de los puntos más importantes que solicitaron es el cumplimiento del decreto 289 y otros decretos que “han brindado seguridad jurídica en sus viviendas a estas familias”.
Por otro lado, Joya criticó la “pasividad de la ministra y la falta de un plan concreto para seguir brindando escrituras a las familias esperando una solución jurídica del Estado”. “De manera que al ver esa pasividad de la ministra de que ya luego desde casi cinco años del gobierno de Nayib Bukele y ya con este nuevo periodo que ha iniciado no se ve de forma clara que haya una solución concreta, un plan o un mecanismo para poder seguir brindando escrituras a todas estas familias que están esperando una solución jurídica de parte del Estado”, mencionó.
De la misma manera, solicitó a Sol que responda con brevedad las solicitudes que presentaron y que acate los decretos y leyes que protegen a los miles de familias que se encuentran en peligro de ser desalojadas de sus viviendas. Asimismo, le hizo un llamado a no ser una funcionaria que “solo sirva para las fotos”. “Le solicitamos a la señora ministra que responda a la brevedad posible y que acate lo que la ley le manda hacer (…) esperamos que la ministra Michelle Sol no sea una funcionaria solo para la foto”, enfatizó.
Por otro lado, Francisco Aragón, coordinador y vocero de la Mesa Nacional de la Línea Férrea, detalló que a escala nacional son 86 comunidades y 9,700 familias las que serían afectadas directamente. Además, mencionó que estas familias tienen entre 40 a 50 años de habitar en los sectores más vulnerables a desalojos.
“Esta mañana hacemos acto de presencia para pedir a la ministra Michelle Sol el cumplimiento del decreto 289, que beneficia a 9,700 familias. Han pasado cinco años de este gobierno y no hemos tenido una respuesta clara, solo vivimos con temor e incertidumbre por el proyecto del Tren del Pacífico”, declaró.
Finalmente, dijo que no conocen los tramos donde y en qué lugar va a pasar el Tren del Pacífico, puesto que en unas pocas comunidades las autoridades solo llegaron a medir las áreas y no dieron más información del proyecto. De esta forma, exigieron al gobierno de Nayib Bukele que explique cuáles van a ser los proyectos o las propuestas para las comunidades que se verán afectadas.
“Queremos conocer cuáles van a ser los proyectos o las propuestas que tiene el gobierno para las comunidades de la línea férrea, porque es imposible que vayan a llegar así sin nada. Las familias que ahí estamos ya tenemos prácticamente toda una vida realizada, hay familias que tenemos más de 40 a 50 años de estar ahí sobre la línea férrea. Hay un decreto que nos acredita que somos propietarios porque así lo reza el decreto”, concluyó.