Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Alexander Pineda
@Alex92DCL
Miembros del Sindicato de Empleados y Empleadas de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (SEPRODEHES), protestaron la mañana del jueves, contra la gestión de la titular de esta dependencia de Estado, Raquel Caballero de Guevara y exigen que la funcionaria responda por actos de corrupción cometidos en la institución.
La protesta fue acompañada por organizaciones sindicales de otras instituciones y de la Coordinadora Sindical Salvadoreña. SEPRODEHES celebrará una asamblea general, para elegir a sus nuevas autoridades este 9 de marzo y señalan que este mes se cumplen dos años sin reunirse con la Procuradora.
El gremio denuncia que en la gestión de Caballero se ha contratado a 66 personas, 33 de estas bajo Ley de Salarios, sin el debido proceso de concurso para estas plazas, así como el despido arbitrario de 25 trabajadores, cierre de delegaciones departamentales de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el uso de 50 mil dólares del fondo circulante de la institución para viajar hasta en 36 ocasiones.
El secretario general de SEPRODEHES, Carlos Solórzano, explicó que han presentado ante la Asamblea Legislativa una demanda de antejuicio, para que responda por delitos como calumnia, acoso laboral, injerencia en asuntos sindicales y actos arbitrarios. Asimismo, Solórzano recordó que el Tribunal de Ética Gubernamental ya emitió sentencia en contra de la funcionaria por la contratación de familiares de su cónyuge en la PDDH. “La señora de Guevara ha entorpecido el funcionamiento de la institución, se han hecho denuncias ante el Tribunal de Servicio Civil, el cual ya emitió sentencia en su contra y que ella se niega a cumplir.
En la Fiscalía General de la República, por el desacato a la orden del tribunal, se le ha denunciado ante la Corte de Cuentas de la República por el uso indebido de los recursos y en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por su negativa a contestar la correspondencia enviada, violentando el artículo 18 de la Carta Magna”, detalló Solórzano.
