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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Diversas organizaciones del movimiento social salvadoreño exigieron en conjunto dos peticiones puntuales: la atención médica especializada y la extinción de la acusación de la Fiscalía General de la República contra los ambientalistas Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes históricos de la Comunidad Santa Marta y directivos ADES- Santa Marta.
Morena Murillo, del Foro Nacional de Salud (FNS), observó que el caso ha sido alargado sin ningún asidero legal transparente y apegado a derecho, por lo que apoyó la petición de Vidalina Morales de un “sobreseimiento definitivo” para estos defensores de derechos ambientalistas y humanos.
“Los compañeros también están en situación de salud delicada y deben de ir a un hospital de tercer nivel para que sean atendidas sus enfermedades crónicas, que se han agudizado producto del hacinamiento, maltrato y confinamiento de 8 meses“, manifestó.
“Queremos que la Fiscalía General de la República y sistema judicial dejen de inventar hechos para mantener a los compañeros encarcelados en sus domicilios. Queremos que la jueza dicte una sentencia para que los compañeros puedan ser atendidos en el sistema de salud de tercer nivel”, acotó Murillo.
Para la integrante del Foro Nacional de Salud, el incumplimiento total de al resolución judicial está influyendo en la salud de los ambientalistas, al explicar que además de sustituir medidas provisionales con el arresto domiciliar, les ordenó una evaluación médica en el Hospital Nacional Rosales, sin embargo, esto no fue cumplido por la Policía Nacional Civil que los llevó directamente a sus casas.
“Allí echan la culpa a Centros Penales, estos a la Policía Nacional Civil y hasta el mismo Juzgado que no decretó específicamente las medidas de llevarlos a la evaluación médica y se la saltaron”, expresó.
“Los compañeros están en su mayoría con enfermedades crónicas, pero son dos compañeros los más comprometidos con su salud, y que necesitan urgentemente una atención médica de tercer nivel (hospital de especialidades)”, indicó Murillo.
Murillo “urgió” también al Juzgado de Instrucción, para que emita nuevamente o aclare que los defensores ambientalistas de Cabañas, necesitan atención médica y superar el “limbo”, en que se encuentran las familias de los cinco defensores de derechos humanos .
“Algunos de ellos ya padecían estas enfermedades y estaban diagnosticados sin embargo, la prisión les hizo acelerar sus enfermedades, -pero son dos de ellos- con diabetes y uno tiene descontrolada el azúcar en sangre, la tiene alta y pueden entrar en un estado de coma si no es abordado por un especialista”, alegó.
“Y el otro compañero tiene diabetes pero además insuficiencia renal y tiene una situación muy difícil la que tiene que enfrentar. Igual, otros dos compañeros en la cárcel desarrollaron hipertensión a partir de esa situación que han vivido y todos ellos, pero toditos necesitan atención psicológica también por lo vivido”, expresó Murillo.
Vidalina Morales, presidenta de ADES, agradeció a las organizaciones que han acompañado a ADES y población de la Comunidad Santa Marta, en Cabañas, en la lucha que emprendieron desde el 11 de enero en defensa de sus compañeros y líderes comunitarios.
“Como comunidad Santa Marta y la asociación ADES agradecemos a quienes nos han acompañado, y los medios de comunicación que han divulgado esta injusticia contra nuestros compañeros”, afirmó.
“Les informo que la petición que se hizo el pasado martes 26 de septiembre al Juzgado de Sensuntepeque ya está en el proceso de trámite, y para nosotros es un paso importante y satisfactorio por nuestros intereses que es la libertad de nuestros compañeros que siguen en arresto domiciliar”, explicó Morales.
Asimismo, demando a la Fiscalía General de la República a “parar este proceso penal, porque ya no puede sostenerlo”, alegó en su intervención al considerar que todos los pasos que han dado contra los cinco ambientalistas han sido avances con “resultados fallidos”, por lo que urgió junto a las organizaciones acompañantes a extinguir esa acusación infundada.
Ariela González, que integra la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica, retomó el contexto del régimen de excepción, que ha permitido que “miles de personas inocentes guardan prisión”, sin que hasta el momento la Fiscalía no cuente con suficientes indicios para retenerlos.
“Vemos una Fiscalía encasillada en dar persecución a casos que pueden volverse mediáticos a pesar de no tener mayor fundamentación. En ese sentido también el llamado a esos juzgados que tienen conocimiento de estos casos, para que hagan uso de la sana crítica y la independencia judicial que les reviste para dar fallos apegados a derecho”, manifestó.
“Lamentamos que Fiscalía no de persecución a delitos ambientales que día a día podemos ver en este país, y que son denunciados en redes sociales, allí no vemos una Fiscalía activa o buscando a los depredadores ambientales y condenarlos. Sólo con aquellas personas dedicadas a la defensa del medio ambiente a pesar de las circunstancias adversas en donde nos encontramos”, sostuvo González.
Similar reacción expresó Karen Ramírez, del Foro del Agua, y Christian Aid, quien rechazó, el empeño del ente fiscal de mantener un caso -en el cual- , se criminaliza a defensores de derechos humanos sin sostenerlo jurídicamente.
“Justamente, por esto nos unimos a esta iniciativa y exigimos de nuevo a la Fiscalía General de la República, a desistir de esta persecución que se está danto a los defensores de Cabañas, y que el sistema judicial demuestre su independencia apegando su rol a derecho y cumpla con su papel protector de derechos humanos de la población”, reafirmó Ramírez.
La Mesa Nacional Frente a la Minería Metálica, Foro Nacional de la Salud, Alianza contra la Privatización del Agua, Mesa por la Soberanía Alimentaria, Foro del Agua, Panorama Económico, Mesa Permanente para la Gestión, la Red de Interfacultades para la Investigación Social de la UES, la Alianza Centroamericana frente a la Minería, el Movimiento de Trabajadores Despedidos y ADES, reiteraron la extinción de la acusación de la Fiscalía General de la República y la atención médica urgente de los cinco ambientalistas de Cabañas.
