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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Este día hemos presentado un escrito en el Juzgado de Primera Instancia de Sensuntepeque, Cabañas, que tiene por finalidad la extinción de la acción penal o la persecución en contra de mis representados”, dijo este martes el abogado Denis Muñoz.
Los nuevos líderes comunitarios de Santa Marta y ADES acompañaron al abogado en la diligencia del representante legal de sus compañeros Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes históricos de la Comunidad Santa Marta y directivos ADES- Santa Marta.
La petición de sobreseimiento definitivo por extinción de la acción penal, dijo el abogado Muñoz, que el motivo se encuentra básicamente en la aplicación de dos fuentes de derecho. La primera es la Ley de Reconciliación Nacional (1992), que se encuentra vigente a la fecha, como parte de los Acuedos de Paz.
Y la segunda fuente de derecho, agregó Muñoz, es la sentencia de la Sala de lo Constitucional (CSJ) de 2016, cuando se declaró inconstitucional, y que bajo esta sentencia la acusación a sus representados era improcedente. En tal sentido, exigen a la jueza sobreseer definitivamente a los líderes comunitarios.
“En resumen este caso en ningún momento entra en los que fueron conocidos como los casos de la Comisión de la Verdad, que por cierto, son 33, y tampoco son de aquellos que entran de igual o mayor gravedad que esos 33 casos”, afirmó el abogado defensor.
“Un requisito para que pueda perseguirse a mis representados -cosa que a la fecha no se cumplirá- es que por ese hecho del que los acusan haya generado un impacto o dejado una huella en la sociedad salvadoreña, y ese no ha sido el caso en ningún momento”, argumentó Muñoz.
Denis Muñoz consideró que el caso en contra de sus representados debe terminar, y que estos cinco ambientalistas puedan gozar de su “libertad irrestricta”, al considerar que son inocentes de los cargos imputados por la Fiscalía General de la República.
“Esta petición se deberá resolver en los subsiguientes cinco días hábiles a partir de este martes 26 de septiembre de 2023. Y de la petición, si la admiten -es muy problable-se deberá señalar una Audiencia Especial, en el contexto de la excepción perentoria de extinción de la acción penal de la figura de la Aministía aplicada a mis representados”, agregó.
Muñoz acotó que esperarán la próxima semana la respuestas del Tribunal, y si decide denegar la petición, analizarían el tema de un Recurso de Apelación para que lo conozca la Cámara de lo Penal de Cojutepeque.
Alfredo Leiva, integrante de la junta directiva de ADES, recordó el irregular proceso judicial que han enfrentado los cinco líderes ambientalistas desde el 11 de enero del presente año, que rozó en lo ilegal.
Los retrasos de diligencias judiciales como la resolución del 23 de agosto del Juzgado de Instrucción de Sensuntepeque, que ordenó un cambio de medidas sustitutivas para los cinco ambientalistas de Santa Marta, pero tuvo que transcurrir 2 meses para hacerla efectiva el cambio de medidas provisionales de los ambientalistas (arresto domiciliar), pese a la orden directa de la Cámara Penal de Cojutepeque, recordó Leiva.
“Estamos acompañando las acciones legales que se emprenden para favorecer la libertad de nuestros compañeros. Como dijo el abogado Muñoz, se presentó un recurso para que se elimine la acción penal para los compañeros, a la base de la Ley de Reconciliación Nacional y de esa manera puedan tener la libertad absoluta, sabemos que están con sus familias, pero queremos su total libertad”, acotó.
“Es necesario mencionar que después de estar 8 meses en prisión, han salido con muchas complicaciones de salud. Ahora, están en un proceso de recuperación, pero tienen problemas significativos que van a dejar secuelas en su salud y sus vidas”, indicó Leiva.
Vidalina Morales, directiva de ADES, expresó: “Nuestros compañeros jamás debieron estar en prisión porque su lucha ha sido en defensa de los derechos humanos y en la defensa del medio ambiente, y por eso pedimos su liberación inmediatamente. Creemos que esta criminalización a la lucha ambiental en Cabañas, es por habernos liderado del extractivismo minero. Por lo tanto, esta criminalización debe parar ya no queremos violencia contra nuestras comunidades y compañeros”, reiteró.
“Este es un hecho que ha sido altamente condenado por organizaciones y entidades nacionales e internacionales, por eso pedimos la liberación plena y total de nuestros compañeros que se encuentran en libertad condicional, pero es un proceso que de no atenderlo llegará hasta febrero (2024), y nosotros no vamos a esperar a que llegue febrero. Queremos libertad inmediata, para que ellos estén sirviendo a sus comunidades, que estén con las organizaciones trabajando por el beneficio de las poblaciones”, puntualizó Vidalina Morales.
