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Tegucigalpa / AFP
Organizaciones humanitarias hondureñas exigieron al gobierno despenalizar los delitos contra el honor, que tienen con un pie en la cárcel a un periodista que acusa al presidente Juan Orlando Hernández de inducir a la justicia a perseguirlo por denunciar casos de corrupción.
La sanción por los delitos de injuria, calumnia y difamación «deberá estar regulada por vía civil», demandaron en rueda de prensa el Comité por la Libre Expresión (C-Libre) y el Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos en Honduras (Ciprodeh).
Edy Tábora, director de C-Libre, denunció como «desproporcionada» la condena de diez años y ocho meses de cárcel impuesta al periodista David Romero, director de radio Globo.
La sentencia fue dictada en 2016 por un juez de primera instancia y ratificada el viernes pasado por la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Romero fue acusado por Sonia Gálvez, esposa del exfiscal general adjunto Rigoberto Cuellar, pero el periodista señala que el presidente Hernández aprovechó la acusación para inducir a los jueces a sentenciarlo por investigar actos de corrupción en el gobierno.
Tábora recordó que el juez José Dimas Agüero Echenique denunció que el presidente le ordenó en 2016 condenar al periodista y que fue destituido por desacatar la petición. El gobierno ha rechazado esos señalamientos.
El director de Ciprodeh, Wilfredo Méndez, aplaudió la presentación de un proyecto de decreto en el Congreso para que los delitos contra el honor sean trasladados a la justicia civil y abogó por la aprobación inmediata en el pleno, de 128 diputados.
Méndez informó que C-Libre, Ciprodeh y otros organismos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, interponer sus buenos oficios en favor de Romero, ya que el organismo recomienda a los Estados despenalizar delitos que restringen la libertad de expresión.
Según Tábora, por delitos contra el honor han sido acusados en Honduras, desde 2003, 13 periodistas, ocho políticos, tres sindicalistas, cuatro defensores de sus territorios, dos defensores de derechos humanos de mujeres, dos personas que exigían justicia por parientes asesinados y un funcionario público.
