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Ciudad de Guatemala / AFP
Activistas hondureños reclamaron el martes en Guatemala a las autoridades judiciales de su país, iniciar «sin demora» el juicio contra un empresario señalado como autor intelectual del asesinato de la ambientalista Berta Cáceres, cometido en 2016.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), al que pertenecía Cáceres, «exige el enjuiciamiento de David Castillo sin demora alguna», dijo en conferencia de prensa Bertha Zúniga, hija de la activista asesinada y actual coordinadora del colectivo.
David Castillo, presidente ejecutivo de la empresa hondureña Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), fue arrestado en marzo del año pasado y es el único señalado como autor intelectual de la muerte de Cáceres, asesinada la medianoche del 2 de marzo del 2016.
Siete personas, incluyendo dos empleados de DESA, fueron condenados por el asesinato de la ambientalista, aunque aún no se les ha dictado sentencia.
Cáceres había denunciado que ejecutivos de DESA la amenazaban de muerte por organizar movilizaciones indígenas para frenar la construcción de una hidroeléctrica en el río Gualcarque, en territorio del pueblo indígena lenca.
«El señor Castillo está en un proceso que debe encausar hacia el enjuiciamiento y ha tenido muchos retardos», lamentó Zúniga, al denunciar maniobras de la defensa del detenido y «presión política».
Zúniga describió a Castillo como un militar entrenado en la academia militar estadounidense de West Point que fue funcionario de la empresa estatal de energía de Honduras, y posteriormente incursionó como empresario.
«El perfil de David Castillo evidencia lo que Berta Cáceres y el Copinh hemos denunciado en múltiples ocasiones: la colusión entre militares, políticos, empresa privada, crimen organizado y banca internacional de desarrollo, para el despojo de los bienes comunes de la naturaleza de las comunidades indígenas», agregó.
Zúniga demandó también «la captura y enjuiciamiento de los demás autores intelectuales» del crimen de Cáceres, además de señalar que persiste la persecución y asesinatos contra defensores de los territorios en Honduras.
Un informe publicado la semana pasada por varias organizaciones internacionales reveló «las posibles conexiones de Castillo con la red de narcotráfico conocida como Los Cachiros», cuyos miembros se entregaron a la justicia de Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas.
