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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC) y el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) exigieron la libertad de los líderes comunitarios de Hacienda La Floresta, en San Juan Opico, La Libertad, quienes fueron capturados arbitrariamente el domingo 9 de febrero de 2025.
UNIDEHC denunció que los habitantes de la comunidad fueron víctima de intento de desalojo arbitrario en mayo 2024, reportaron ese hecho a la Fiscalía General de la República (FGR), pero a la fecha no hay ninguna investigación, ya que existen empresarios que están detrás del acoso a estas familias.
“En vez de defender a las verdaderas víctimas, han detenido de manera arbitraria al líder Medardo Arnoldo Rodríguez y a su esposa Alejandra Cañas, cuando únicamente ellos han organizado a la comunidad para defender derechos e iniciar con el equipo de abogados sus procesos legales de prescripción de inmuebles”, señaló UNIDEHC.
El pasado 9 de febrero agentes policiales y detectives, sin orden judicial o administrativa, detuvieron de forma violenta a líderes comunitarios sin dar mayores explicaciones, además, intimidaron de manera arbitraria a decenas de familias quienes se organizaron para defender sus derechos de posesión que por más de 15 años tienen sobre los inmuebles donde está asentada dicha comunidad.
“En mayo de 2024 supuestos dueños del inmueble habían intentado de manera arbitraria y sin orden judicial, desalojar a las familias, hace unas semanas las familias eligieron una directiva comunal y escogieron como líderes a Medardo Arnoldo Rodríguez y Alejandra Cañas, para dirigir la defensa de derechos comunitarios en la zona”, expresaron UNIDEHC y el BRP.
Además, enfatizaron que la comunidad fue víctima de un acoso arbitrario por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), que por una supuesta orden de la Fiscalía procedieron a realizar retenciones ilegales de los líderes comunitarios, sin informar hasta el momento los motivos o delitos que se acusan a los detenidos.
“Denunciamos al Estado y a las autoridades de Seguridad Pública por estas acciones represivas que vulneran los derechos de los líderes comunitarios, lo que constituye una prueba más de la represión y persecución hacia las comunidades, los líderes sociales y las organizaciones que legítimamente defienden sus derechos, la organización, el trabajo y las luchas populares no son delitos”, indicaron las organizaciones.
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