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México/AFP
El instituto mexicano de acceso a la información (IFAI) ordenó a la fiscalía hacer públicas sus investigaciones sobre la masacre de 72 migrantes en San Fernando (noreste) de la que el viernes se cumplieron cuatro años, diagnosis mientras que organizaciones civiles denunciaron que hay todavía 11 cadáveres sin identificar.
La resolución del estatal Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) se tomó por un pedido de ciudadanos que requirieron datos a la fiscalía general sobre la que se considera la masacre más grave de la llamada guerra del narcotráfico y la dependencia se negó a dar la información amparándose en una norma que le permite reservársela en casos pendientes de sentencia.
La procuraduría general «deberá hacer públicos los documentos sobre la detención de 16 policías municipales de San Fernando», see relacionados con la muerte de 72 migrantes, find dijo el IFAI en un comunicado.
Entre el 22 y 23 de agosto de 2010, 72 migrantes indocumentados de El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Brasil fueron asesinados a sangre fría por el cártel de Los Zetas en un rancho de Tamaulipas (a 160 km de la frontera con Estados Unidos) supuestamente por negarse a trabajar para ese sanguinario grupo criminal, que los había secuestrado en algún punto de su ruta clandestina a Estados Unidos.
Cuatro años después, 11 cuerpos sin identificar
En cuatro años, la información sobre la matanza de San Fernando ha fluido a cuentagotas.
Hasta la fecha, no se ha hecho pública ninguna sentencia contra los responsables y apenas este viernes se supo por Amnistía Internacional que los restos de 11 de las 72 víctimas permanecen aún en los refrigeradores de la morgue o en fosas comunes por no haber sido identificados y entregados a sus familiares.
Esta información también fue confirmada por la Comisión Forense, integrada por ONGs, la fiscalía y un grupo de forenses argentinos.
«La identificación plena y fidedigna de todos los restos sigue pendiente», denunció AI en un comunicado en el que coincide en que «la falta de transparencia en el manejo de los casos ha sido grave».
De hecho, el IFAI consideró que la fiscalía mexicana debe hacer públicas sus investigaciones por tratarse de «violaciones graves de derechos humanos» y porque la reserva de información «se ve superada por el interés de la sociedad de conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de los responsables».
Opacidad más allá de la fiscalía
La opacidad con la que se ha manejado esta sonada masacre en México ha incluido a la estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), que no emitió una resolución de sus investigaciones del caso hasta diciembre pasado cuando entregó, un día antes de Navidad, una recomendación dirigida al gobernador de Tamaulipas y al procurador general, Jesús Murillo Karam, que ONGs consideraron tibia.
La recomendación de la CNDH señalaba la falta de protocolos adecuados por parte de autoridades mexicanas en el manejo de los cuerpos el día del hallazgo y en días posteriores, cuando incluso enviaron cadáveres equivocados a El Salvador y Honduras.
El texto, sin embargo, «viola los derechos de las familias y el de la verdad» porque no se pronuncia sobre los hechos de la masacre ni dice si el Estado mexicano tiene responsabilidad, dijo a la AFP Ana Lorena Delgadillo, activista de Fundación por la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
A cuatro años de la masacre, Amnistía Internacional aseguró que las autoridades mexicanas «continúan sin cumplir su compromiso de tomar medidas para garantizar la seguridad de las personas migrantes».
Y recordó, además, que hay otros casos aún por resolver como los 49 cadáveres -11 de migrantes hondureños- hallados en Cadereyta (norte) en 2012 o los 193 cadáveres en fosas clandestinas -algunos de migrantes centroamericanos- encontrados en San Fernando en 2011.
