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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
Ingrid Escobar, directora del Socorro Jurídico Humanitario (SJH), demandó de la procuradora Raquel Caballero de Guevara respetar la Constitución de la República, y velar por la garantía de los derechos humanos de la población inocente capturada en el marco del régimen de excepción, que está por cumplir tres años de vigencia desde que fue aprobada por la Asamblea Legislativa en marzo de 2022 a iniciativa del presidente Nayib Bukele.
Escobar pidió a la procuradora Caballero de Guevara, “brindar el apoyo que por mandato constitucional debe cumplir. Le pedimos por el hijo de nuestro compañero abogado de la república, profesor universitarios y, sobre todo, defensor de derechos humanos, Félix López, luego de la captura de su hijo Félix López h. el pasado 5 de febrero”, dijo.
“Félix López padre ya vino a poner la denuncia, ahora queremos que esto ingrese al sistema de la PDDH, pero adicionalmente queremos que delegue un procurador como una acción urgente para que pueda dar seguimiento al caso tal como manda la ley en las diferentes audiencias que su hijo va a enfrentar”, argumentó Escobar.
El Movimiento de Trabajadores Despedidos, El Socorro Jurídico Humanitario y otros representantes sindicales se hicieron presentes ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), este martes, con el fin de acompañar al defensor de derechos humanos Félix López, en la presentación de un escrito en donde se solicita la vigilancia y garantía del proceso judicial en contra de Félix López h.
Las organizaciones también le recordaron a la procuradora Caballero que la institución que dirige representa al “Minsiterio Público”, cuyo mandato en los artículos 191 y 194 de la Constitución de la República exige que debe velar por el respeto a los derechos humanos de la población y la aplicación de justicia.
“Sabemos que el Ministerio Público está integrado por la Fiscalía General de la República(FGR), la Procuraduría General de la República (PGR), y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), y la PGR y la PDDH están llamadas a garantizar los derechos de los salvadoreños, reiteró.
“Lamentablemente, es lo último que hemos visto hacer a la PDDH, y es lo que venimos a exigir, que investigue de oficio o por denuncia si recibe casos por violación a los derechoshumanos. Que asistan a las presuntas víctimas de violaciones a los derechos humanos como Félix, que es una víctima del sistema, cuando es un joven trabajador que se desempeñó por años en una institución pública y luego en una institución privada”, sostuvo Escobar.
El silencio de la PDDH en el régimen de excepción
Ingrid Escobar mencionó que la actual procuradora no puede evadir su responsabilidad en cuanto a promover recursos judiciales y administrativos para la protección de los derechos humanos, a la vigilancia de la situación de las personas privadas de su libertad. Y mucho más importante tener conocimiento de todo arresto y cuidar que sean respetados los límites de legalidad en las detenciones administrativas.
“En ese sentido, la actuación de la procuradora Caballero es un comportamiento reiterativo de omisión que a la vez también es un delito porque significa que la vida de cientos de salvadoreños que siendo inocentes han muerto en centros penales, no ha hecho nada”, consideró.
“Existe una cadena de responsables y en esa cadena está la procuradora, y esa omisión de investigar o hacer diligentemente su trabajo es también criminal, y se convierte en un delito. Y les recuerdo a todos los funcionarios y funcionarias que los Crímenes de Lesa humanidad no prescriben (caducar), y les comenté que la Corte Penal Internacional capturó al expresidente de Filipinas por este tipo de casos”, recordó Escobar.
Asimismo, invitó al funcionariado del Estado a “verse en el espejo” , del expresidente Rodrigo Duterte, acusado por la Corte Penal Internacional por capturas masivas de personas inocentes, las que fueron torturadas, así como, internos fallecidos en manos del Estado.
“Ese es el mismo escenario que está viviendo el país, en donde por un delito se captura a miles de personas inocentes y se les lleva hasta la muerte de manera sistemática. Es exactamente lo que pasa en El Salvador y si no cumplen la ley, son parte de esa cadena de responsables”, enunció Escobar.
Mi hijo Félix fue detenido arbitrariamente
Félix López, abogado del equipo jurídico del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), reiteró la denuncia que la detención de su hijo Félix fue ilegal y arbitraria. El joven fue detenido al llegar de su trabajo a la colonia en donde reside, el 5 de febrero del presente año.
“Yo le pregunté a los militares y policías que llegaron a capturarlo ¿Cuál era la causa por lo que le detenían?, y ellos me respondieron -no lo vamos a detener- , sólo vamos hacer verificaciones, y va a regresar, pero ahora mi hijo se encuentra en el penal de Izalco”, comentó López.
“Estoy acá, y agradezco la solidaridad de todos los compañeros, y he venido a presentar este escrito porque la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una institución producto de los Acuerdos de Paz (1992) y fue creada específicamente para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos ante abusos del Estado”, acotó López.
Félix López, abogado de la república, integra el equipo que desarrolla el trabajo de preparar las demandas y documentos de los trabajadores despedidos arbitrariamente. Los que son presentados ante el Tribunal del Servicio Civil y los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, por medio del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD).
“En el escrito que presentamos, lo que queremos es que la PDDH garantice la integridad física de mi hijo, porque está en un penal de alto riesgo, como es Izalco, entonces le pedimos que haga una verificación y cumpla con lo que manda la ley”, indicó.
“Ypedimos una acción inmediata para que nombre un procurador que garantice el debido proceso, garantizar la aplicación de la ley, a fin de que haya justicia para mi hijo que es inocente, y que venía de trabajar cuando lo capturaron”, manifestó López.
Asimismo, lamentó que a su hijo le hayan imputado el cargo de “asociaciones ilícitas”, una acusación que “usualmente» utiliza la Policía Nacional Civil (PNC) en las capturas arbitrarias e ilegales.
“Nosotros, en el momento de la captura presentamos sus antecedentes no penales, antecedentes judiciales, mi hijo venía con su uniforme de trabajo para la casa. Luego, presentamos declaraciones juradas de testigos vecinos, pero no respondieron”, alegó.
«Si en la Audiencia de Imposición de Medidas hubieran valorado los arraigos que presentamos de mi hijo Félix, ya estuviera libre o con otras medidas, pero ahora está en el penal de Izalco. Yo estoy desarrollando el trabajo para presentar demandas de trabajadores despedidos arbitrariamente, por lo que la captura de mi hijo podría ser una medida de represión”, indicó Félix López.
Trabajadores siguen perdiendo sus empleos
Héctor Rodríguez, del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), reiteró la denuncia por las arbitrariedades que se están cometiendo en contra de la clase trabajadora. Rodríguez rechazó lo que llamó “tácticas de desestabilización”, a las personas que defienden derechos humanos, a través de capturas de sus familiares.
“Es por esto que acompañamos al compañero Félix López, defensor de derechos humanos e integrante del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), quien acompaña en representación legal a trabajadores despedidos de forma arbitraria e ilegal por parte del régimen inconstitucional de (presidente) Nayib Bukele, Félix, fue despedido del Ministerio de Justicia (2019), y aún no obtiene una resolución de su despido”, expresó.
“Félix López, además de ser despedido por el régimen inconstitucional, le han desatado una campaña de persecución poniendo vigilancia en su lugar de habitación que incluye drones. Y todo por el hecho de defender a la clase trabajadora”, alegó Rodríguez.
En cuanto al trabajo de Félix López, en el MTD, Rodríguez comentó que su compañero atiende los casos de los trabajadores despedidos de forma masiva, luego que participaran en la primera «Marcha Blanca», convocada por el Movimiento de Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), el 19 de octubre 2024.
“El compañero Félix se puso a disposición con un equipo de abogados y abogadas de la república para acompañar a estas personas despedidas por pedir respeto a los contratos colectivos de trabajo, al derecho a la nivelación salarial y el respeto a los escalafones”, aseguró.
“El régimen ha desatado una campaña no sólo de intimidación a nosotros como personas defensoras del MTD, ahora se ensañan con nuestros hijos e hijas. Y denunciamos que el marco del régimen inconstitucional, el ejército está cometiendo atrocidades porque no tienen atribuciones en la seguridad pública ni para ejecutar acciones de seguridad ciudadana”, puntualizó Rodríbuez
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