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Redacción Nacionales
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La fracción de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) solicitó este lunes modificar la Ley Especial de Emisión de Certificados de Obligaciones y Disolución del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales, con el fin de agregar las condiciones precisas del canje obligatorio de los títulos de deuda del Gobierno, a los que se ha denominado Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Esto en apoyo a organizaciones de trabajadores salvadoreños, que exigen la medida para tener certidumbre legal con respecto al dinero de su retiro. En la legislación actual, aprobada el 20 de diciembre de 2022, se le delegó al Consejo Directivo del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) definir dichas condiciones. Sin embargo, dice, ARENA, esto ha demostrado “ser peligroso” , ya que recientemente se conoció que la entidad negoció con las empresas administradoras de pensiones unas condiciones contrarias a los intereses de los trabajadores salvadoreños: da al Gobierno un periodo de gracia de cuatro años para el pago de capital e intereses para los más de $8,400 millones.
“Con esto, que constituye un impago selectivo a la deuda de pensiones, los trabajadores dejarán de percibir anualmente $558 millones en intereses, lo que en cuatro años se traduce en $2,300 millones. Esto tiene un agravante: al no contarse esos fondos en las cuentas individuales, los trabajadores tampoco recibirán los intereses acumulados en el tiempo por su capitalización”, señaló la fracción.
ARENA cuestionó qué cómo se traduciría eso en el caso de un solo trabajador, “para alguien que gana un sueldo de $600 al mes, se traduce en la pérdida de unos $140 en el mismo periodo”. “Esto se realiza sin tener una base legal que permita que se deje de pagar la deuda. La medida únicamente favorece a las maltrechas finanzas del Gobierno de El Salvador, que enfrenta problemas de gestión fiscal y de deuda. Y que ha decidido ocupar el dinero de todos los salvadoreños como salvavidas”, arremetió ARENA.
Para la fracción tricolor, el Gobierno busca mantener “una falsa imagen de éxito”. Por ello “es responsable y cumple con la banca internacional y nacional, con lo que mejora su nivel de deuda”, pero a la vez “lo hace perjudicando a los trabajadores salvadoreños, al negarles una pensión digna y la posibilidad de tener una vejez con calidad de vida”.
Las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), por tanto, han realizado una negociación tomando en cuenta “criterios políticos, no financieros, por lo que las primeras se han constituido en cómplices de las acciones de este gobierno”. Lo más grave, dijo ARENA, es que todo esto ocurre “en la sombra”, pues se ha declarado en reserva toda la información relativa a las negociaciones.
“Lo único que han sabido los trabajadores salvadoreños, los verdaderos dueños de dinero, se desprende de lo publicado por las calificadoras internacionales”. “El no pagar la deuda ni los intereses por 4 años implicaría un desplome del sistema de capitalización de la cuenta de cada trabajador: en la práctica, constituye una confiscación de su ahorro. La reforma planteada cortaría de tajo esta posibilidad, pues daría certidumbre a los trabajadores”, comentó ARENA.
En ese sentido pidieron modificar el inciso segundo del artículo 11 de la siguiente manera: “Los Certificados de Financiamiento de Transición tendrán las siguientes características: a) Al portador, en serie y plazo de cincuenta años contados a partir de la fecha de emisión; b) Expresados en la moneda de dólares de los Estados Unidos; c) Rendimiento de una tasa de interés anual fija de 7% como mínimo. d) Pago de capital e intereses mediante cuotas semestrales de igual valor; y e) Transferible por simple entrega del titulo valor”.
Esperan que esta iniciativa pueda discutirse en la comisión correspondiente.
