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El miércoles 13 de noviembre termina el plazo de la Asamblea Legislativa para presentar la Ley de Reconciliación, fecha límite determinada por la Sala de lo Constitucional.
Como medida de presión para la inclusión de pena de cárcel para los culpables de graves violaciones a derechos humanos, que suscitaron durante el conflicto de los años 80s, organizaciones de derechos humanos y colectivos de familiares de víctimas de desaparición forzada, desarrollaron el cuarto plantón frente al Congreso salvadoreño.
De acuerdo con parlamentarios de derecha, la legislación nacional “establece que una persona mayor de 60 años o que posea enfermedades terminales no tiene que guardar cárcel por dicha condición, y es por ello que el proyecto de marco normativo incluirá esta disposición”.
Las organizaciones de derechos humanos han enfatizado en que este tipo de disposiciones no responden a la sentencia de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por lo que exigieron un verdadero debate sobre la ley. Asimismo, pidieron tener en cuenta lo dispuesto en su propuesta, dado que las disposiciones de los legisladores son violatorias de derechos humanos.
El diputado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional Damián Alegría acompañó a los participantes del plantón, y reafirmó la postura del partido de izquierda en no acompañar cualquier intento de creación de una Ley de Amnistía e incluir las acciones demandadas por la Sala de lo Constitucional, Verdad, Justicia y Reparación.
De acuerdo con la Asociación ProBúsqueda, miles de familias han pasado sin justicia, verdad, reparación y medidas de no repetición por más de treinta años, hechos que con una nueva Ley de Amnistía podrían volver a suceder en el futuro.
FMLN sin consenso para reparación de víctimas del conflicto
Los diputados del FMLN continúan en su búsqueda por lograr que sea declarado el 30 de agosto de cada año como Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, en reconocimientos a miles de personas “que fueron reprimidas por el mismo Estado”.
Cabe destacar que en más de una ocasión ha sido solicitada por el FMLN, la designación del 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, pero cada una de esas peticiones ha fracasado por falta de consenso político.
