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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Asociación Americana de Juristas (AAJ), sobre el caso de Santa Marta y la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), denunció la “criminalización por parte del Estado salvadoreño contra las comunidades y organizaciones, así como el uso del Sistema Justicia para la persecución política”, por lo que se solidaridarizó con los cinco ambientalistas detenidos el 11 de enero del presente año.
La AAJ señala, en un documento público, que el pasado 11 de enero Miguel Ángel Gómez, Alejandro Laínez García, Pedro Antonio Rivas Laínez, Saúl Agustín Rivas Ortega y Teodoro Antonio Pacheco, líderes comunitarios de la Comunidad Santa Marta y directivos de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES), fueron detenidos por supuestos hechos ocurridos durante el conflicto armado salvadoreño. Y también, los acusaron de “asociaciones ilícitas”, que la población de la comunidad ha denunciando que son “acusaciones que carecen de base real”.
“Los detenidos son defensores del medioambiente, que se han destacado en la lucha contra la minería metálica que derivó en la aprobación de una ley que prohíbe en forma definitiva la explotación minera de metales”, indicaron.
“Las detenciones surgen en el contexto preocupante de señales de la reactivación de proyectos mineros por el actual gobierno, que han sido denunciadas por diversas organizaciones sociales”, señaló la AAJ.
En cuanto al proceso penal, la AAJ manifestó que es una “manipulación de la justicia” con el objetivo de “criminalizar y perseguir a luchadores sociales y a las comunidades”, cuyo activismo ambiental le ha representado un “obstáculo” a los planes de abrir la minería transnacional al actual gobierno.
“Se refleja una debilidad jurídica por falta de pruebas contundentes. La acusación de la Fiscalía también violenta la Ley de Reconciliación Nacional que recobró vigencia tras la sentencia de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía en julio de 2016”, afirmó la AAJ.
“El presente caso es violatorio a los derechos humanos y del debido proceso legal; no se justifica la detención provisional, no hay peligro de fuga, y la inconsistencia de la prueba en el proceso, y los detenidos padecen enfermedades crónicas, lo cual es contrario a sentencias de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establecen la detención provisional como una medida excepcional y de extrema necesidad”, sostuvo la AAJ.
Igualmente, apoyan la expresión de alarma expresada el pasado 16 de mayo, por la Relatoría Especial sobre la Situación de Derechos Humanos (ONU), que según su relatora Mary Lawlor, “estaba preocupada por los cinco detenidos y pidió la libertad para ellos”.
La detención provisional y la negación de medidas sustitutivas de los ambientalistas de Santa Marta y ADES, reiteró la AAJ “evidencian la ausencia de la independencia judicial en El Salvador y de las graves violaciones de los derechos humanos en el marco del régimen de excepción”.
La AAJ indica que llegar al nivel de no permitir al abogado defensor visitar a los detenidos como se realiza en el debido proceso y porque se supone que no están dentro del marco del régimen de excepción” es una situación flagrante irrespeto a los derechos humanos.
“Denunciamos el Estado de Excepción decretado en marzo de 2022, lo que han generado serias violaciones de los derechos humanos, entre ellas, las detenciones arbitrarias. Y nos solidarizamos con las comunidades y defensores del ambiente y de los derechos humanos, que se organizan para proteger los recursos naturales y oponerse ala minería”, manifestó.
“Solicitamos al presidente Nayib Bukele y su gobierno a cesar la persecución política contra los ambientalistas de Santa Marta y ADES, y que sean puestos inmediatamente en libertad, garantizándoles el debido proceso legal, sin mediar los procedimientos del régimen de excepción”, reafirmó la AAJ.
En los últimos trámites y solicitudes realizados por el abogado defensor de los cinco ambientalistas Denis Muñoz, junto a los abogados de Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, presentaron un escrito de “Hábeas corpus” ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), por los cinco ambientalistas de ADES y Santa Marta, a fin de gestionar su libertad.
El “Hábeas corpus” se define legalmente como un procedimiento que protege la libertad de las personas, cuando han sido amenazadas de forma ilegal por una autoridad, cuando están en la cárcel o cuando se agravan las condiciones de su encierro. Este Hábeas corpus se presentó para los defensores ambientalistas y líderes comunitarios que cumplieron cinco meses en detención provisional.
El Informe de Naciones Unidas en El Salvador (ONU), presentado en septiembre de 2022, afirma que -existe la tortura en El Salvador- situación que no lo pudo negar el Estado salvadoreño. En el informe reafirma la ocurrencia que llega al abuso de la “la detención provisional”, la que constituye una “tortura porque no está cumpliendo con los verdaderos parámetros del derecho penal”, seña de el informe de la ONU.
