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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
La Detención de los defensores del Agua y las Violaciones de Derechos Humanos en El Salvador, fue abordado por Laura Carlsen, en su reciente programa de análisis: “Hecho en América”, en el que participaron: Celia Medrano, consultora e investigadora en derechos humanos; Alexis Stoumbelis, directora de CISPES, con sede en Washington D.C. Y el abogado, Luis Parada, quien lideró el equipo que defendió a El Salvador, en dos arbitrajes ante el CIADI, del Banco Mundial.
Carlsen señaló que la detención de estos reconocidos líderes ambientalistas “es preocupante”, a escala internacional. Estos ambientalistas, mundialmente reconocidos por la defensa del agua y su resistencia contra el ingreso de la industria transnacional minera en sus territorios, fueron capturados de manera arbitraria y bajo procedimientos cuestionables de los agentes del Estado salvadoreño, dijo.
Estas capturas han causado un impacto internacional, al recordar que esta comunidad junto a otras organizaciones, lograron en 2016, que la Asamblea Legislativa decretara la Ley de Prohibición de Minería Metálica en el país, que marcó un hito en la lucha social al ser el único país en el mundo que vetó esta industria extractiva.
El 11 de enero del presente año, en horas de la madrugada, se presentó en la Comunidad Santa Marta, Cabañas, un equipo de policías (PNC) y miembros de la Fiscalía General de la República (FGR) a allanar los hogares y capturar a :Antonio Pacheco y Saúl Rivas, directivos de la Asociación de Desarrollo Económico y Social (ADES). Así como los líderes comunitarios Pedro Antonio Rivas, Alejandro Laínez y Miguel Gámez.
Sobre el contexto de las detenciones de estos líderes y defensores ambientalistas, el abogado Luis Parada, quien coordinó al equipo que constituyó la defensa del Estado salvadoreño ante dos arbitrajes de empresas mineras ante el CIADI, afirmó que en el marco del litigio conoció a los miembros de ADES, y especialmente a Antonio Pacheco, director ejecutivo.
“Las detenciones (de los ambientalistas) vienen dentro del contexto general de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, y la falta de garantías constitucionales; pero el contexto más preocupante para los ambientalistas en El Salvador es que hay varias señales que ha dado que el presidente Nayib Bukele, queriendo revertir la ley de la minería metálica”, afirmó.
“Busca reintroducirla nuevamente y poder sacar ventaja económica, mal llamada ventaja económica, porque al final es una pérdida para un país, es una pérdida neta volver a la minería. Y en ese contexto se dan esas detenciones de los ambientalistas de ADES, quienes fueron los primeros en dar la voz de alerta sobre los peligros que no solo les afectaba a ellos, sino todo el país”, sostuvo Parada.
Parada señaló que en este escenario la captura de los ambientalistas por la Fiscalía General de la República (FGR) carece de cualquier indicio de aplicar justicia, al señalar que el cargo de un supuesto crimen, ocurrido en 1989 (hace 33 años), durante la guerra civil, en donde los acusan de sacar una persona de su casa y llevarla a un campamento guerrillero y luego asesinarla, y acusarlos de pertenecer a la guerrilla, lo cual, para Parada, no tiene sentido.
“Entre todos los casos de graves violaciones que hubo durante el conflicto armado, específicamente (Por qué la Fiscalía) hace una captura a una población que vivió muchas violaciones a sus derechos humanos. Y segundo, la guerra civil en El Salvador terminó en enero de 1992, con un Acuerdo de Paz, bajo el auspicio de las Naciones Unidas (ONU), y en ese acuerdo firmado el 16 de enero de 1992, se aprobaron todas aquellas leyes que fueran necesarias para la incorporación de los excombatientes del FMLN a la vida política del país”, recordó.
Parada agregó que con la firma de estos Acuerdos de Paz, y la Ley de Amnistía (1993), así como el informe de la Comisión de la Verdad, el supuesto delito del que acusan a los ambientalistas no está visto entre los casos que documentó la Comisión de la Verdad, para ser investigados.
Al referirse a la solicitud de la Fiscalía, de 6 meses para investigar, el abogado se preguntó ¿cómo es posible que la Fiscalía necesitara 6 meses para investigar, cuando eso solo puede ser cuando un delito es recientemente cometido, y este delito fue hace 33 años, o sea, la Fiscalía, pudo tomarse todo su tiempo para investigar antes para formular una acusación y proceder a una detención”.
“Entonces, es otra muestra que solo evidencia que la Fiscalía -no busca la justicia – sino que es una excusa ¿Para qué?, primero para que (presidente) Bukele, silencie a los opositores políticos y segundo, que silencie a la organización (ADES) contra la minería metálica porque claramente es su intención revertirla”, acotó Parada.
Celia Medrano, consultora e investigadora en derechos humanos, lamentó que fuera a partir de una “filtración” de información que llegó a manos de Human Rights Watch (HRW), que se conociera de las detenciones arbitrarias, de las torturas y los procesos judiciales velados a la ciudadanía salvadoreña. “Lo que dio a conocer Human Rights Watch es una información que debería ser pública, claro, no los nombres y otros detalles, pero estadísticamente hablando si debería ser del conocimiento público a cualquier ciudadano, ciudadana, periodistas u organizaciones de derechos humanos sean nacionales o internacionales sobre cuántas personas han sido detenidas, bajo que cargos y bajo que responsabilidad”, aludió Medrano.
En consecuencia, también debería existir certeza sobre la presencia de abogados defensores acreditados y el acceso inmediato a sus representados cumpliendo el proceso legal. Para conocer en detalle los procesos por los cuales están siendo procesados y han anulado su libertad.
“Debemos de hablar de la condición permanente de suspensión de garantías legales y constitucionales en El Salvador, que dentro de poco cumplirá un año y muy probablemente continuaremos viviendo bajo esta condición permanente de suspensión de derechos humanos. Sobre todo los relacionados al debido proceso legal en el año 2023, en tanto, se consolidan las intenciones de la reelección presidencial”, refirió.
Para Medrano, la información que Human Rights Watch ha difundido sobre una serie de denuncias de actos ilegales y torturas que han sido presentadas a diario en los últimos 9 meses del Estado de Excepción por las víctimas (marzo/ 2022), paralelamente a programas y periodismo de investigación nacionales e internacionales, han logrado hacer “contrapeso a la narrativa oficial” sobre la necesidad indispensable de violar los derechos humanos de la población salvadoreña.
“Esa narrativa oficial que afirma que se debe sacrificar los derechos humanos de otros, para garantizar esa sensación de seguridad frente a una situación permanente de violencia generalizada que en las últimas dos décadas -al menos- ha estado viviendo El Salvador a partir de la criminalidad organizada”, reprochó.
“¿Por qué ocultar información que debería ser pública o que trascendió como mostró Human Right Watch?, es porque no conviene que se evidencie que muchas personas son detenidas sin un tipo de criterio, porque no conviene que se conozca que hay personas que no pertenecen a ningún tipo de estructura delincuencial o criminal, y que no amerita un proceso de privación de libertad”, reiteró.
Sobre la captura de los cinco defensores ambientalistas, Medrano consideró, que el tema de fondo de esta “suspensión de derechos permanente de derechos humanos”, se oculta no necesariamente una intención de proteger a la ciudadanía si no militarizar el ejercicio de la política.
“Hablamos de imponer con fuerza militar, arbitraria e ilegal abusos permanentes de derechos humanos que nos demuestran a todos que somos vulnerables y estamos a merced -de que los controlan actualmente el poder formal- en El Salvador y todos los cuerpos, órganos y poderes del Estado pueden hacer lo que quieran si caemos en el foco de sus intenciones”, subrayó.
“El control de todas las esferas del Estado ya están afianzadas, por tanto, cualquier voz disonante es objeto de persecución como lo ha ocurrido en Santa Marta o los sindicalistas de Soyapango. En el contexto de un régimen de excepción -que ya no es necesario- porque paralelamente han hecho reformas de carácter penal que permite vivamos esta situación permanentemente”, reiteró.
Alexis Stoumbelis, directora de CISPES, exhortó a la comunidad internacional a pronunciarse, como ellos en una carta de protesta, que terminó convirtiéndose en un “llamado de alerta al movimiento social” , sobre este tipo de acciones contra personas defensoras de derechos humanos en El Salvador.
“Recordamos que fue una lucha valiente y exitosa, que llevó a cabo desde la comunidad contra la minería en El Salvador, especialmente porque tenía una visión inspiradora de como una comunidad rural se convirtiera en un ejemplo de defensa de bienes naturales, y eso fue Santa Marta y ADES”, afirmó.
“Cuando escuchamos de la captura de estos líderes muy reconocidos y respetados en la lucha ambiental y comunitaria -nuestra respuesta fue fuerte, rápida y muy unida- hay preocupación porque la gente cree que esta situación es por los mismos motivos políticos de la lucha social. Y la preocupación de la comunidad Santa Marta, que han declarado que está siendo revictimizada por el gobierno del Bukele”, expresó.
Estos repobladores de Santa Marta, recordó Stoumbelis, en el conflicto militar interno (1980-1992) sufrieron persecución, y fueron muchos de sus familiares masacrados por el ejército en esa época. “Ahora la Fiscalía, en lugar de hacer justicia y responder al llamado que han hecho organizaciones de víctimas y de derechos humanos por décadas para tener un proceso de justicia y profundo de reconciliación sabiendo la verdad, vemos declaraciones del Fiscal General (Rodolfo Delgado), hablando de justicia en El Salvador por arrestar a estos 5 compañeros”, reprochó Stoumbelis.
