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Bogotá / AFP
Jesús Santrich, un líder de la exguerrilla colombiana de las FARC requerido en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, fue llevado otra vez el domingo a los calabozos de la fiscalía tras ser atendido en un centro médico.
Interno en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Mayor Méderi desde la madrugada del sábado, el excombatiente fue dado de alta y llevado nuevamente a la sede de la fiscalía donde se le adelanta una investigación por cargos de narcotráfico iniciada en Estados Unidos.
«El señor Seuxis Paucias Hernández Solarte – su nombre legal – fue dado de alta del Hospital, ya que su condición de salud se encuentra restablecida», indicó el centro médico en un comunicado.
Por su parte, la defensa de Santrich rechazó la audiencia de legalización de la captura que según su oficina de prensa se llevó a cabo en la unidad de cuidados intensivos y con el excombatiente en estado de inconsciencia.
En la sede de la fiscalía, el líder de la otrora guerrilla deberá esperar la audiencia de imputación de cargos prevista para el lunes.
Según una valoración de la estatal forense, Santrich tenía «alteración del estado de conciencia» y «heridas saturadas en los brazos».
Estas últimas fueron autoinfligidas en prisión el viernes en momentos en que se esperaba su excarcelación, dictada dos días antes por un fallo del tribunal de paz, encargado de investigar los peores crímenes durante la conflagración con la exguerrilla de las FARC.
A su salida de la cárcel, el exnegociador de los acuerdos que permitieron el desarme y la transformación de las FARC en partido político fue capturado nuevamente por agentes de la fiscalía.
Aunque las autoridades no han hablado de extradición, el ente acusador explicó en un comunicado que el operativo se realizó «como producto de la cooperación judicial internacional», en la que se incluyeron «nuevos elementos de prueba».
Washington, a través de su embajada en Bogotá, se había opuesto férreamente a la excarcelación y exigió la «apelación urgente» del fallo que lo dejaba en libertad.
El presidente Iván Duque se dijo «indignado» con la decisión del tribunal de paz y apoyó la apelación anunciada por la Procuraduría, advirtiendo que el caso no estaba «cerrado» y que está dispuesto a autorizar su extradición.
De 52 años y con aguda deficiencia visual, el exguerrillero fue detenido inicialmente en abril de 2018 con fines de extradición bajo la sospecha de haber conspirado para enviar cocaína a territorio norteamericano en fecha posterior al acuerdo de paz suscrito en noviembre de 2016.
Santrich asegura que los señalamientos responden a un complot de Washington y la fiscalía colombiana.
Apoyado por la ONU, el acuerdo que condujo al desarme de unos 7.000 combatientes prevé beneficios penales para los responsables de delitos atroces que contribuyan a la verdad, justicia y reparación de las víctimas.
Sin embargo, deja sin efecto el blindaje contra la extradición para quienes hayan reincidido tras la entrada en vigor de los compromisos de paz.
