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Bogotá / AFP
Uno de los jefes de la exguerrilla FARC, Jesús Santrich, preso en una cárcel de Bogotá y pedido en extradición por Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico, denunció el lunes un plan para asesinarlo «dentro o fuera de prisión».
«Desde altas instancias de poder se ha decidido que a mí me van a extraditar independientemente de lo que diga la Jurisdicción Especial para la Paz (…) y si no pueden hacer eso, eliminarme sea dentro o fuera de la cárcel», declaró Santrich a W Radio.
El dirigente de 52 años insistió en que enfrenta una conspiración que busca incriminarlo en un intento de fuga antes de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) defina su eventual entrega a Estados Unidos.
Aunque se abstuvo de revelar las fuentes que según él lo alertaron sobre esos planes, Seuxis Hernández o Jesús Santrich, como es más conocido el exnegociador de paz, anunció que solo recibirá alimentos en prisión que sean entregados directamente por Naciones Unidas o la Cruz Roja Internacional.
«No voy a exponerme porque ya aquí ha muerto mucha gente con cianuro», agregó el otrora jefe guerrillero, quien cumplió una huelga de hambre de 41 días tras su captura.
Santrich, quien cuenta con una aguda deficiencia visual, fue arrestado en abril de 2018 por solicitud de Estados Unidos, que lo acusa de conspirar para traficar cocaína después de la firma de los acuerdos de paz en 2016.
Eso impidió que asumiera el escaño parlamentario que le fue reservado como miembro del ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), surgido del pacto de paz.
Su caso ha suscitado un conflicto de competencias entre la fiscalía, que considera que debe ser extraditado a Estados Unidos inmediatamente, y la JEP, que pidió al país norteamericano pruebas para tomar una decisión.
Además, ha puesto a prueba la ya difícil implementación de los compromisos de paz, y ha desatado temores de que excombatientes se sientan traicionados y puedan retomar las armas.
El pacto de paz que dio origen a la JEP prevé otorgar penas alternativas a la cárcel a quienes confiesen sus crímenes, reparen a las víctimas y se comprometan a nunca más ejercer la violencia, sean guerrilleros o militares.
Aunque el acuerdo blinda a los rebeldes frente a los requerimientos de Estados Unidos, también establece que quienes incurran en delitos después de noviembre de 2016 sean sometidos a la justicia ordinaria.
