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La Fiscalía General de la República (FGR) acusó este sábado en el Juzgado Noveno de Paz de San Salvador a Luis de Jesús de la O Tobar, quien se desempeñó como jefe del Registro de Control Penitenciario de la Dirección General de Centros Penales con un título de abogado falso. El juzgado decidió que el acusado enfrente la siguiente etapa del proceso en libertad bajo medidas como no cambiar de lugar de residencia y asistir mensualmente a firmar a la sede judicial. El exfuncionario fue acusado por uso y tenencia de documentos falsos y ejercicio ilegal de la profesión.
Según la fiscalía, De la O Tobar habría falsificado un título de licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador para optar al cargo de jefatura en la Dirección General de Centros Penales. El título es requisito para acceder a la plaza y el imputado habría ocupado el cargo entre julio y diciembre de 2019. Las investigaciones dieron inicio tras una publicación de la revista digital Factum que en enero pasado divulgó que Centros Penales había contratado a un “falsificador de diplomas”, para entregar las constancias de antecedentes penitenciarios.
El representante de la FGR dijo que cuentan con la respuesta de la institución de educación superior en la que se constata que el título no se encuentra dentro de sus registros, y que analizarán presentar una apelación a la decisión del tribunal sobre el proceso en libertad para De la O Tobar, quien fue detenido este miércoles 20 de mayo en la colonia Sierra Morena en Soyapango.
Contratista de MOP procesado en libertad
En un procedimiento distinto, la FGR presentó el requerimiento formal contra Oscar Pacheco Estrada por los delitos de uso y tenencia de documentos falsos y ejercicio ilegal de la profesión en perjuicio de la fe pública.
El Juzgado Noveno de Paz decidió imponerle medidas alternas a la detención por lo que no deberá cambiar de domicilio y presentarse a firmar a sede judicial.
Supuestamente, Pacheco se hizo pasar por ingeniero civil para representar a una empresa, a la que el Ministerio de Obras Pública (MOP) le adjudicó el proyecto para ampliar el baipás del Puerto de La Libertad.
El sujeto se desempeñó como “ingeniero residente”, sin estar avalado por un título legal en una obra cuyo costo asciende a unos $60 millones.
