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Por Lissy de Abreu
Bogotá/AFP
El exjefe de inteligencia de Colombia Miguel Maza Márquez fue condenado a 30 años de prisión por el homicidio en 1989 del candidato presidencial Luis Carlos Galán, un crimen para el que según la justicia también se confabularon paramilitares y carteles del narcotráfico.
El general retirado Maza Márquez, de 78 años y detenido desde fines de 2013, fue declarado «coautor responsable de los delitos de concierto para delinquir y homicidio con fines terroristas» y condenado a «30 años de prisión» por la muerte de Galán, así como del concejal Julio César Peñaloza y el escolta Santiago Cuervo, informó la Corte Suprema de Justicia en un comunicado.
La decisión fue tomada de manera «unánime» por la Sala Penal del alto tribunal, que se pronunció por un proceso abierto contra el exjefe de inteligencia por los homicidios de Galán, Peñaloza y Cuervo, y las lesiones recibidas por el también escolta Pedro Nel Angulo el 18 de agosto de 1989 durante un mitin del candidato en Soacha, a las afueras de Bogotá.
«La Corte Suprema de Justicia determinó que el entonces director del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, ya desaparecido) hizo parte del plan para asesinar al connotado dirigente político, debilitando su seguridad, para lo cual nombró como jefe de escoltas a un hombre de su confianza», dijo el texto.
Para facilitar el asesinato del candidato, Maza Márquez «se comprometió previamente con el paramilitar Henry de Jesús Pérez Durán, con quien mantenía estrechos vínculos, y a quien, a su vez, el denominado Cartel de Medellín le había encargado la ejecución del magnicidio», explicó la corte.
Galán, un carismático y popular político liberal favorito para ganar las elecciones de 1990, murió por disparos de sicarios en el mítin en Soacha, tras sufrir numerosas amenazas en el marco de su férrea lucha contra el narcotráfico.
Tenía 46 años y era el enemigo declarado del capo del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, abatido por la policía en 1993.
«Complot» confirmado
El senador Carlos Fernando Galán, hijo del asesinado candidato, dijo a la AFP tras conocerse la sentencia que con ella se confirma que «en el complot» para asesinar a su padre «participaron los carteles de la droga, algunos políticos, los paramilitares y agentes del Estado».
«Es además la confirmación de que el debilitamiento de la escolta y el cambio de la escolta no fue producto de la negligencia sino una acción deliberada para que se pudiera llevar a cabo el atentado», explicó.
Por el crimen, declarado de lesa humanidad, ya habían sido condenados el sicario John Jairo Velázquez, alias Popeye, miembro del Cartel de Medellín y hombre de confianza de Escobar, y el exsenador liberal y exministro de Justicia Alberto Santofimio, rival de Galán y padrino político de Escobar.
El condecorado Maza Márquez, otrora considerado héroe por su lucha contra el narcotráfico y sobreviviente a dos atentados de Escobar, insistió durante el juicio en que no tuvo que ver con el asesinato y que fue el propio Galán quien le pidió otro jefe de escoltas.
El exdirector del DAS aseguró que el cambio se produjo porque Galán se quejó de que su anterior jefe de seguridad «jugaba con los escoltas» y llevaba comentarios a su esposa de sus actividades.
Este jueves, tras conocerse la sentencia, Maza Márquez declaró que se le «está condenando a cadena perpetua» y tildó al proceso en su contra de ser «un juicio político, no jurídico».
El DAS, que dependía de la Presidencia, fue disuelto en 2011 tras 58 años de existencia, por haber sido vinculado con narcotraficantes y paramilitares; y más recientemente por seguimientos y hostigamiento a magistrados, opositores y periodistas críticos del expresidente Álvaro Uribe.
Otros dos candidatos en la pugna presidencial de 1990 fueron asesinados: el izquierdista Bernardo Jaramillo y el exguerrillero del M-19 Carlos Pizarro, ambos en casos relacionados con agentes del DAS, paramilitares y narcotraficantes.
El narcotráfico ha permeado desde los años 1980 el conflicto armado de más de medio siglo en Colombia, en el que han participado guerrillas, paramilitares y agentes estatales, dejando al menos 260.000 muertos, 60.000 desaparecidos y 6,9 millones de desplazados.
