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Por Alina Dieste
Washington/AFP
Rosa Joya tiene miedo. Hace casi 17 años que esta inmigrante salvadoreña reside legalmente en Estados Unidos gracias al permiso TPS. Ahora, con una vida hecha fuera de su país y dos hijos que apenas hablan español, teme ser forzada a regresar.
«No quiero volver. Hay mucho crimen y no hay oportunidades de empleo tampoco» en El Salvador, dice a la AFP.
Como Rosa, miles de inmigrantes centroamericanos y haitianos en Estados Unidos esperan con ansiedad la decisión del gobierno de Donald Trump sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), el programa que les permite vivir y trabajar por un periodo limitado de tiempo en territorio estadounidense.
Unas 325.000 personas, la gran mayoría de Centroamérica y de Haití, se benefician actualmente del TPS, creado por el Congreso estadounidense en los años 1990 para amparar a inmigrantes que por desastres naturales o conflictos armados no podían regresar de manera segura a sus países.
Renovado cada 18 meses por los gobiernos sucesivos, el TPS está ahora bajo la mira de Trump, que llegó a la Casa Blanca con un discurso anti-inmigrante. Su jefe de gabinete, John Kelly, ya se ha manifestado partidario de revisar este estatus especial, aduciendo que algo concebido para ser temporal no se puede volver permanente.
Más de 300.000 personas pueden ser eventualmente deportadas si el Departamento de Seguridad Interna (DHS), responsable del TPS, decide dejar de designar a El Salvador, Honduras, Nicaragua y Haití merecedores de este privilegio.
Honduras y Nicaragua
Los primeros afectados serían los 57.000 hondureños y 2.550 nicaragüenses cuyo TPS expira el próximo 5 de enero, seguidos de unos 50.000 haitianos el 22 de enero y de 195.000 salvadoreños el 9 de marzo.
Por ley, las autoridades deben anunciar si prorrogan o suspenden el TPS a los países beneficiarios 60 días antes de que el permiso caduque. Por eso, Honduras y Nicaragua aguardan la decisión para esta semana.
Consultado por AFP, un portavoz del DHS declinó comentar sobre el tema señalando que está bajo evaluación.
El gobierno estadounidense concedió el actual TPS a Honduras y a Nicaragua después del devastador huracán Mitch en 1999. En el caso de El Salvador y Haití, lo otorgó después de los potentes terremotos de 2001 y 2011, respectivamente.
Para el Departamento de Estado, sin embargo, las condiciones en esos países son actualmente favorables, por lo que este beneficio ya no se justificaría, según un informe filtrado al Washington Post el viernes.
Funcionarios citados bajo condición de anonimato indicaron que el secretario de Estado, Rex Tillerson, informó del tema a la jefa interina del DHS, Elaine Duke, en una carta enviada el martes pasado que, aún sin ser considerada una recomendación tiene peso en la decisión final, según expertos.
En mayo pasado, Kelly, entonces titular del DHS, anunció que solo postergaría seis meses el TPS que vencía en julio para los haitianos, alentándolos a prepararse para su regreso a casa «en caso de que la designación de Haití no se extienda de nuevo».
El TPS también beneficia a personas de Nepal, Sudán del Sur, Siria, Yemen y Somalia. En septiembre, Duke dijo que el beneficio para Sudán terminará el año que viene.
«Impacto adverso»
«Mi temor es que si no extienden el TPS pierdo mi trabajo y mi seguro médico, y no tendría el medicamento que me permite la vida», asegura Iris Acosta, una hondureña empleada de un hotel y sobreviviente de un cáncer.
Acosta llama a salvar el TPS desde la cuenta en Twitter del sindicato Unite Here, con el cual viajó a Washington para pedirle a congresistas que intercedan para que no acabe esta posibilidad de tener «un empleo digno» y una vía de seguir enviando dinero a su familia en Honduras.
No solo claman por el TPS los beneficiarios, que este lunes se congregaron en Nueva York y Long Island con pancartas.
La Cámara de Comercio de Estados Unidos envió una carta a Duke a fines de octubre, urgiendo al gobierno a prorrogar las designaciones del TPS y trabajar con el Congreso en una solución permanente.
«La pérdida de la autorización de empleo para estas poblaciones tendría un impacto adverso en varias industrias clave en las que los beneficiarios de TPS constituyen una cantidad significativa de la fuerza de trabajo», advirtieron.
Entre los más impactados, mencionaron los servicios de construcción, procesamiento de alimentos, hotelería y atención domiciliaria.
