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@JennyCoLatino
Replicar la experiencia del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia (CNSCC) de El Salvador en el Triángulo Norte es una de las posibilidades futuras. El Consejo fue creado por el gobierno para involucrar a los distintos actores sociales en la construcción de soluciones efectivas a los problemas de inseguridad que afectan al país desde hace años.
Esta sugerencia se dio durante una reunión del presidente Salvador Sánchez Cerén con los miembros del Consejo, nurse medical donde expuso las iniciativas en las que el gobierno está trabajando para garantizar la seguridad de población.
En este contexto, advice el Consejo realizó una presentación de los avances de la implementación del Plan El Salvador Seguro, el que contiene una serie acciones prioritarias y urgentes, de corto, mediano y largo plazo para apoyar la política de seguridad del gobierno a fin de enfrentar la violencia y la criminalidad.
Durante la reunión, el mandatario recordó que recientemente se reunión con su homólogo de Honduras, Juan Orlando Hernández, con quien adquirió varios compromisos, entre estos la conformación de un grupo de alto nivel que coordine todos los esfuerzos relacionados con la seguridad en la región.
Un igual compromiso adquirió con su par guatemalteco, Otto Pérez Molina, en el marco de la visita que éste realizó recientemente al país. En esta línea, el gobierno no descarta que la experiencia del Consejo sea retomada en el resto de países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras).
Es de destacar que existen intereses comunes entre estos tres países, pues comparten una serie de desafíos comunes en materia de seguridad y migraciones.
En este sentido, los presidentes de los tres países han firmado con el gobierno de Estados Unidos el plan Alianza para la Prosperidad que busca crear condiciones de desarrollo en las comunidades de origen para evitar que la población migre de forma irregular en busca de oportunidades en suelo estadounidense.
Respecto al CNSCC, la propuesta presentada al gobierno además de estar articulada con las políticas sociales y económicas, se complementa a otras iniciativas como dicha Alianza para la Prosperidad, el Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019, FOMILENIO II, y otros esfuerzos de instituciones del Estado, la empresa privada e iniciativas locales.
Intervención en los municipios
Es de recordar que el plan elaborado por el Consejo pese a que tiene un alcance nacional, contempla la focalización de políticas económicas, sociales y específicamente de seguridad en 50 municipios, en los que se ha detectado mayor incidencia delincuencial.
El Consejo propone que estas acciones se implementen de forma progresiva en los municipios, es decir, se irán incorporando paulatinamente los territorios.
En una primera fase (un año), el Consejo sugirió al Gobierno priorizar la atención en diez municipios que son: Santa Ana, Colón, Sonsonate, San Salvador, Soyapango, Jiquilisco, Cojutepeque, Mejicanos. Se prevé que la implementación de esta primera etapa inicie la próxima semana en tres de estos municipios.
Posteriormente en una segunda fase (2 años), se incluirían otros 16 municipios y finalmente en una tercera fase (3 años ) se sumarían 24, con los que se completarían los 50 municipios.
“Llegó la hora de actuar e intervenir.
Todos los sectores podemos actuar para combatir la delincuencia”, expresó el presidente Sánchez Cerén, respecto a la intervención en los territorios.
De acuerdo al coordinador Unidad de Procesos de Diálogo Social de la Subsecretaría de Gobernabilidad, David Mena, las acciones serán focalizada, es decir, no se intervendrá en todo el municipio, sino que se han definido las zonas identificadas con riesgo de violencia.
“Vamos a focalizar en comunidades y algunos grupos de población las
> acciones que el gobierno ya ejecuta, pero ahora de manera coordinada con la sociedad. Cuando se refiere a focalizar es intervenir en las zonas de los municipios priorizados, zonas identificadas con mayor incidencia de delitos”, explicó Mena.
Mientras tanto, otra de las propuestas de la Secretaría Técnica es invitar a otros gobiernos, OEA, UE y PNUD a participar como observadores del trabajo territorial del Consejo.
