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Londres / Madrid / AFP
Anna Cuenca / Álvaro Villalobos
El encarcelamiento de tres independentistas catalanes, juzgados actualmente por su papel en el intento fallido de secesión de 2017, es «arbitrario», consideró un grupo de expertos independientes designados por la ONU que pidió a España su inmediata liberación.
«La privación de libertad de los señores Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Oriol Junqueras es arbitraria», escribió el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la Detención Arbritraria en un informe divulgado este miércoles en Londres por el abogado británico experto en derechos humanos Ben Emmerson.
El ejecutivo español desestimó sin embargo el informe afirmando que se basa en «hechos sesgados» y que su conclusión y recomendaciones «no son vinculantes».
«Lamentamos que órganos que son importantes para la defensa de los derechos humanos se deslegitimen siendo víctimas de esta campaña de desinformación» de los independentistas catalanes, dijo a la AFP la secretaria de estado para la España Global, Irene Lozano.
El ex vicepresidente del gobierno autónomo catalán Oriol Junqueras y los líderes de dos poderosas organizaciones civiles independentistas -Asamblea Nacional Catalana y Òmnium- Jordi Sànchez y Jordi Cuixart están en prisión preventiva desde hace más de año y medio.
Acusados de rebelión, forman parte de los 12 independentistas juzgados desde febrero en Madrid por su participación en un proceso que llevó a la organización el 1 de octubre de 2017 de un referéndum prohibido por la justicia y 27 días después a una declaración de independencia suspendida inmediatamente después.
– «Un disparo de advertencia» –
Según los expertos, que no se pronunciaron sobre los casos de los otros independentistas detenidos, su encarcelamiento vulnera la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El grupo, mandatado por el Consejo de Derechos Humanos pero que no se expresa en nombre de Naciones Unidas, llamó así a las autoridades españolas a poner a los tres hombres «inmediatamente en libertad y concederles el derecho efectivo a obtener una indemnización».
«Este es un disparo de advertencia de Naciones Unidas y si España lo ignora lo hace a su propio riesgo», afirmó en rueda de prensa en Londres Emmerson, que presentó el caso ante la ONU en febrero de 2018 en nombre de los tres detenidos.
Y agregó que si los independentistas acaban siendo condenados a la cárcel «España estará en flagrante violación de sus obligaciones internacionales».
El ejecutivo de Madrid pedirá a Naciones Unidas «una auditoría para saber cómo se ha llevado a cabo» esta decisión, dijo a la AFP el embajador de España en Londres, Carlos Bastarreche, denunciando la «falta de rigor» del trabajo de los expertos.
«Estamos muy preocupados porque consideramos que esto es una clara interferencia con el juicio que está teniendo lugar en España», agregó.
En dicho proceso, que debe concluir el 12 de junio, la fiscalía pide 25 años de cárcel contra Junqueras y 17 contra Sánchez y Cuixart.
– Difícil imponer su cumplimiento –
El abogado de Cuixart anunció el miércoles durante la vista que pediría inmediatamente la liberación de su cliente «para que se pueda dar cumplimiento a la petición» de los expertos designados por Naciones Unidas.
Según Emmerson, «es incorrecto sugerir que esta decisión no es vinculante, ya que es la última palabra del grupo competente autorizado por la ONU para tomar estas decisiones».
Sin embargo, no pudo especificar la forma de imponer su cumplimiento más allá de mencionar vagamente «los mecanismos de Naciones Unidas» y organismos como su Consejo de Seguridad.
También sugirió que alguno o la totalidad de los detenidos podrían acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, organismo que, en un caso separado, el martes se pronunció contra los políticos independentista catalanes.
Decisiones similares tomadas por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, por ejemplo contra el Reino Unido por el caso del fundador de WikiLeaks Julian Assange, nunca tuvieron ninguna consecuencia.
España respondió a los expertos de la ONU en un documento de 59 páginas, señaló la abogada francesa Rachel Lindon, que trabaja con Emmerson, pero no pudo aportar ninguna prueba de que Junqueras, Sánchez y Cuixart cometiesen violencia o incitasen a ella, un elemento imprescindible en el cargo de «rebelión».
