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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
En una reunión con pobladores de las comunidades de Usulután, César Artiga, miembro del Grupo Impulsor del Acuerdo de Escazú en El Salvador, explicó que el Acuerdo de Escazú es un Tratado de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales, que busca garantizar la información oportuna y comprensible para la población; la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos de medio ambiente, su participación en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales y la justicia a hechos que afecten al medio ambiente.
“Esta comprobado que para provocar un desarrollo diferente este debe contar con aspectos de sustentabilidad y prevención de conflictos sociales en los territorios, con el involucramiento de la población desde las etapas iniciales del proyecto, no cuando los estudios de impactos ambiental ya está presentado y diseñado”, señaló Artiga.
“Las actividades que hemos estado realizando como Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú, va sobre todo en dos líneas, la primera un fuerte proceso de sensibilización social con los pobladores que les permita vincular las disposiciones que ofrece el Acuerdo de Escazú, junto a otros compromisos nacionales e internacionales que ya tiene el Estado salvadoreño”, explicó.
Con este trabajo el Grupo Impulsor realiza un trabajo comunitario, que han venido realizando a lo largo del país con el fin de socializar desde un abordaje sencillo de comprensión el contenido del documento y los compromisos que adquiere el Estado salvadoreño, al formar parte de los Estados que integran a Escazú.
“Hemos distribuidos una versión del Acuerdo de Escazú – Fácil, y su relación desde el espacio cívico, otro relacionado con juventud, el otro con mujeres, y el de Pueblos Indígenas. Hemos llevado talleres de sensibilización para que la ciudadanía conozca y se apropie del Acuerdo, que se organice, que exija que El Salvador, sea parte del Acuerdo”, sostuvo.
En segunda, instancia el Grupo Impulsor, trabaja en la incidencia política, que constituye todo un entramado de estudios, análisis y presentación de carpetas técnicas entregadas a la actual administración. Como un llamado a reconsiderar la posición que tomó el gobierno contra del Acuerdo de Escazú, “Le hemos aportado insumos técnicos para que hagan una valoración diferente a las iniciales y con las cuales rechazaron el Acuerdo de Escazú. Así como información de como se relaciona Escazú con el cumplimiento de la Agenda 2030 y los ODS, con el Acuerdo de París y otros acuerdos internacionales”, dijo.
“Los mismos estudios de la banca multilateral -ha dicho- que si el país se convierte en Estado parte de este acuerdo, elevan los estándares de las salvaguardas y canaliza recursos de estos organismos financieros internacionales y regionales a ofrecer su cooperación para fortalecer la implementación del Acuerdo de Escazú, como EUROCLIMA y otros organismos”, expresó Artiga.
Artiga lamentó la negativa del gobierno se encuentre en la misma situación desde el 24 de septiembre de 2020, cuando el presidente Nayib Bukele anunció que no firmarían el Acuerdo de Escazú, porque haría una revisión del contenido, ignorando los procesos internos de trabajo de los organismos internacionales en derechos humanos.
“El ciudadano presidente dijo que no se iba a firmar el Acuerdo de Escazú, y ahora la única vía posible para que el Estado forme parte del Acuerdo es por la vía de la adhesión, la primera vía que era su firma, venció el plazo el pasado 26 de septiembre de 2020”, indicó.
“Y por la vía de la adhesión -el ciudadano presidente- debe enviar un proyecto de adhesión a la Asamblea Legislativa, para que allí se discuta y se apruebe con 43 votos (mayoría simple), para que El Salvador se convierta en un Estado parte del acuerdo”, señaló Artiga.
Artiga agregó que la negativa del mandatario, a la firma del Acuerdo de Escazú, derive de la falta de información objetiva que le hayan planteado sus asesores. Lo que provocaba planteamientos inexactos que solo generan confusión o una distorsión de la realidad a la ciudadanía.
“Me refiero al hecho, -cuando dijo- que no se puede detener el desarrollo, bueno ya hemos discutido que entre los grandes aliados del gobierno actual está la banca multilateral como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Centroamericano de Inversión Económica (BCIE) y el Banco Mundial, financieras multilaterales que han expresado estar a favor de implementar el Acuerdo de Escazú”, afirmó.
“¿Por qué?, bueno porque la salvaguarda ambiental y social de los proyectos de inversión que estas instituciones pueden llegar a financiar en América Latina y el Caribe se verían favorecidas y fortalecidas desde el Acuerdo de Escazú, que son esos derechos de acceso a información pública ambiental, participación social en asuntos ambientales, justicia ambiental, elementos claves junto a la transparencia y rendición de cuentas”, acotó Artiga.
El Acuerdo de Escazú tiene ocho componentes : la articulación nacional desde la participación, el derechos de acceso que garanticen otros derechos ciudadanos, el establecimiento de plazos, reconocimiento y aplicación de los derechos de la ciudadanía y la innovación de medidas y mecanismos de transparencia en prevención de la corrupción.
Así también, contribuir a la gestión anticipada de contingencias y conflictos socio ambientales, otorga garantías a personas defensoras en asuntos ambientales, garantiza la participación de las mujeres en condiciones de vulnerabilidad y da vida al sistema de justicia ambiental.
“Uno de los aspectos claves de Escazú es que permite avanzar en democracia y gobernanza ambiental ¿Qué significa esto?, que no estamos hablando del tema de la gobernabilidad en donde las instituciones tienen la obligación de garantizar que las políticas de gobierno se realicen, es más institucional”, agregó.
