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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Rosalía López, una mujer humilde residente en el municipio de San Luis Talpa, departamento de La Paz, relató que por el uso de agrotóxicos en los cultivos de la zona ha perdido a dos hijos y tiene otros dos que reciben tratamiento de diálisis, debido a que padecen de insuficiencia renal crónica.
“Yo he sido una madre afectada por la salud de mis hijos, uno de ellos desde hace tres años recibe diálisis; a pesar de eso, debe trabajar durante toda la temporada de la caña para costearse el tratamiento, porque nosotros de padres somos pobres y no podemos darle la ayuda económica que necesita, ya que muchas veces en el hospital no hay medicamentos”, manifestó López.
Óscar Grande, hijo de Rosalía López, explicó que desde el 2012 le diagnosticaron insuficiencia renal crónica; al inicio recibió el tratamiento de diálisis peritoneal, pero actualmente debe someterse a hemodiálisis dos veces a la semana. Durante 12 años se dedicó a la irrigación de plaguicidas en los cultivos, pero el equipo de protección no era el adecuado; por lo cual, hace siete años comenzó con los síntomas de dolor de espalda, fiebres y decaimiento.
Asimismo, enfatizó que en ese tiempo asistía a la Unidad de Salud donde le daban calmantes para el dolor, pero a los pocos días los síntomas volvían a aparecer, hasta que le hicieron exámenes donde le diagnosticaron insuficiencia renal crónica, por lo que fue remitido al hospital para recibir el tratamiento.
“Esta enfermedad es muy difícil de enfrentarla, en los inicios del tratamiento de la diálisis peritoneal hay muchos riesgos donde se pueden adquirir infecciones o perforación de algún órgano en el cuerpo. En una ocasión, de tanta infección, se me hizo pus, tuvieron que operarme y hacerme un lavado en el estómago para evitar que los órganos se contaminaran”, externó Grande.
Entre tanto, Doris Evangelista, coordinadora de la Asociación Red Uniendo Manos de El Salvador (ARUMES), señaló que la enfermedad renal crónica es la tercera causa de mortalidad en el país; en la gestión de María Isabel Rodríguez, al frente del Ministerio de Salud, se demostró una relación epidemiológica entre la población afectada y las prácticas agrícolas, que incluyen el uso de altas cantidades de agroquímicos. “La exposición a pesticidas constituye el verdadero elemento detonante de la tragedia sanitaria que está afectando a las comunidades agrícolas salvadoreñas, la prohibición de estas sustancias de uso agrícola es la alternativa más idónea y diligente para evitar más daños en la salud de quienes son expuestos a estas sustancias”, enfatizó la coordinadora de ARUMES.
A la vez, consideró preocupantes las acciones del actual gobierno, favoreciendo la agilización de permisos ambientales; así como las recientes declaraciones del titular del Ministerio de Medio Ambiente, quien afirmó que los monocultivos de caña de azúcar, piña y palma aceitera son alternativas ante el cambio climático, pese a que han sido señalados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como fuentes de destrucción al ecosistema y a la salud, por el uso de químicos.
En el mundo, cinco empresas, entre ellas Monsanto, controlan el 60 % del mercado de agrotóxicos, los cuales venden por $35 millones por año. En El Salvador, un promedio de cinco personas se intoxican diariamente por pesticidas y en el 86 % de suicidios se utiliza algún tipo de plaguicida.
