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Provincia Centroamericana de la Compañía de Jesús
DENUNCIAMOS:
Los acuerdos malintencionados y corruptos del Congreso de la República de Honduras, que planificaron la modificación del decreto legislativo #127-2012 para reducir la zona núcleo del Parque Nacional de Botaderos (Carlos Escaleras) para beneficiar a la empresa Inversiones los Pinares con la entrega de dos proyectos mineros.
Los impactos producidos por los trabajos de la minera sobre la región han sedimentado el cauce de dos ríos dejando sin agua a las comunidades aledañas.
La manipulación de la información por los medios de comunicación en manos de los poderes económicos, para hacernos creer que el conflicto es entre un grupo de personas de la comunidad de Guapinol y la empresa minera. Constatamos que la crisis involucra y afecta a toda la población del departamento de Colón que defiende la vida, el derecho humano al agua y a un ambiente sano como lo vienen haciendo numerosas poblaciones a lo largo del territorio hondureño, centroamericano y mundial.
Que estas manipulaciones son parte de una ofensiva de criminalización hacia las personas y comunidades que defienden la vida, lo cual junto a decisiones corruptas y malas prácticas del Estado hondureño y de la empresa minera, son responsables de la evolución del conflicto hacia una crisis violenta.
Ante este clima hostil alertamos del peligro que corren las comunidades, los feligreses y el párroco de San Isidro Labrador, Tocoa, por la situación de violencia y porque, al defender la vida, están siendo criminalizados.
RESPONSABILIZAMOS:
Al Estado hondureño por esta situación, ya que es ilegal e inmoral haber otorgado una concesión para la explotación minera dentro del Parque Nacional Montaña de Botaderos, pues atenta contra la vida de la población de toda la región e hipoteca el futuro de niños, jóvenes y adultos por la contaminación de los ríos y fuentes de agua, además de destruir el equilibrio ecológico de una zona rica en reservas acuíferas.
A las autoridades gubernamentales de cualquier violación de los derechos humanos que se den sobre nuestros hermanos y hermanas. Puesto que las instituciones llamadas a velar por los derechos ambientales y de las comunidades, y a solucionar el conflicto y la crisis socioambiental (MIAMBIENTE, INHGEOMIN, ICF, Municipalidad de Tocoa), han desaparecido como funcionarios públicos permitiendo que la crisis se agudizara.
NOS SOLIDARIZAMOS:
Con la organización y la resistencia cívica de las comunidades y pueblos del Bajo Aguán que en cinco de los diez municipios del departamento de Colón, han celebrado cabildos abiertos y han declarado ser municipios libres de minería.
Con nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia católica de la Diócesis de Trujillo, donde se encuentra la parroquia San Isidro Labrador de Tocoa, delegada a la Compañía de Jesús, que mediante marcha pacífica caminaron hacia la comunidad de Cayo Campo elevando su voz hacia un “SÍ a la Vida, NO a la Minería”.
DEMANDAMOS:
La búsqueda de soluciones reales al conflicto que respeten la voluntad de las comunidades y que tengan como primera condición la suspensión de las actividades mineras en la zona para poder establecer un diálogo transparente y honesto.
El cese inmediato de la campaña de criminalización y violencia en contra de comunidades, feligreses, el párroco de Tocoa y defensoras y defensores ambientales del Bajo Aguán. Hacemos un llamado a la comunidad internacional a dar seguimiento y monitorear la situación en Tocoa y tomar las medidas necesarias para prevenir la pérdida de vidas humanas en este conflicto socioambiental.
Como miembros de la Iglesia Católica, exhortamos a la Conferencia de Obispos de Honduras para que levante su voz contra este ataque a la tierra y a las comunidades para exigir al Estado la protección de territorios hondureños señalados como Parques Nacionales.
Hacemos nuestras las palabras que el Papa Francisco escribió en julio de 2015 para el encuentro «Una jornada de reflexión, unidos a Dios escuchamos un grito» que reunió a personas que trabajan en la minería. Esas palabras son ahora ciertas para la gente del Bajo Aguán:
Se trata de “un grito por la tierra perdida; un grito por la extracción de riquezas del suelo que, paradójicamente, no ha producido riqueza para las poblaciones locales que siguen siendo pobres; un grito de dolor en respuesta a la violencia, a las amenazas y la corrupción; un grito de indignación y de apoyo por las violaciones de los derechos humanos…»
5 de noviembre 2018
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